Con el fin de garantizar el derecho a la buena administración pública y velar por el interés colectivo, legisladores federales proponen incrementar las sanciones para quienes incumplan un contrato de obra pública.
La senadora Alejandra León Gastélum propuso sancionar con multa equivalente al cincuenta por ciento del valor estipulado en el contrato de obra, la no conclusión de ésta por actos de corrupción o negligencia.
Al fundamentar una iniciativa que reforma los artículos 51, 77 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la legisladora del PT señaló que el Estado tiene la obligación de destinar y utilizar de la manera más eficiente los recursos públicos que administra y que destina a la construcción y mantenimiento de obras públicas.
En tribuna, la legisladora por Baja California destacó que la inversión pública en infraestructura es un motor de desarrollo económico y generador de bienestar para la sociedad; sin embargo, dijo, para que esto suceda debe realizarse de manera eficaz y eficiente, tomando en cuenta las necesidades de un país en crecimiento.
De acuerdo con datos de la Industria de la Construcción (CMIC), este sector genera, aproximadamente, 5.6 millones de empleos, lo que representa 13.2% del empleo total, no obstante, Alejandra León lamentó las innumerables obras públicas inconclusas y abandonadas.
León Gastélum aseguró que en esta materia, el Estado mexicano debe de cuidar que los términos de los contratos se cumplan a cabalidad y que las obras públicas no queden inconclusas.
Por ello, propuso que las dependencias y entidades se abstengan de recibir proposiciones o adjudicar contrato alguno de personas físicas y morales que hayan sido sentenciadas por delitos de corrupción en los últimos 10 años.
Así como inhabilitar de 6 a 12 años a los contratistas que no concluyan la obra pública y servicios relacionados con la misma para los que fue contratado, sin mediar causa.
La senadora Alejandra León indicó que al no concluir la obra pública hay detrimento al patrimonio nacional, debido a que los recursos destinados a la construcción no tendrán los resultados esperados y se afectan los intereses colectivos.
“Si los contratos son para cumplirse, quienes no cumplan los plazos y condiciones deben ser sancionados, máxime tratándose de contratos de obra pública en donde se dispone de recursos públicos para atender demandas y problemas colectivos en beneficio de la sociedad”, subrayó.