Por Héctor Castillo Berthier
Hay dos casos muy recientes que permiten ejemplificar lo que realmente representa la llamada cuarta transformación y las dudas que generan la bandera de cero impunidad y cero corrupción.
En el primero, después de 10 años, los implicados en un fraude de más de 110 millones de pesos dejaron de ser perseguidos y nunca pisaron la cárcel.
En enero de 2012, en el sorteo 2518 de Melate, Revancha y Revanchita, varios funcionarios de Pronósticos Deportivos y Just Marketing, simularon un sorteo y se quedaron con los premios.
“Grabaron el sorteo varias horas antes, llenaron las papeletas con 13 números ganadores y presuntamente después fueron cobrados por 8 familiares y amigos en la Ciudad de México y Zacatecas. El desfalco fue de 110 millones 277 mil 926 con 10 centavos”, publicó el periódico Reforma el pasado 15 de este mes.
Y sigue: “Se trata de José Ramón Sánchez Sánchez, ex floor manager de la empresa Just Marketing; su hermana, Olga María Sánchez; Gustavo García Pérez, ex representante de la subdirección de Concursos y Sorteos, y Leticia Guadalupe Figueroa Castañeda, esposa de José Luis Jiménez Mangas, ex director de Progol, Protouch y Pronósticos Rápidos”.
La orden de captura fue girada el 24 de agosto de 2012 por el delito de fraude genérico, pero el 12 de junio de 2020, la juez Karla Montes —entonces responsable del proceso— determinó la prescripción de la acción, "archivó la causa” y ordenó cancelar las aprehensiones.
Es cierto, hubo un fraude y se localizó a los responsables.
Pero los “términos jurídicos” establecieron que los delitos prescribieron y los perseguidos por la “Justicia” nunca pisaron la prisión.
Por unanimidad, los “jueces” negaron a la Lotería Nacional el amparo que buscaba para mantener vigente la acusación.
Y esto ya fue en tiempos de la 4T… aunque el problema tenía 10 años.
¿Por qué no hubo un cambio?... “La ley es la ley”, dicen.
El segundo caso, es típico del PRI.
Un subsecretario de la Secretaría de la Función Pública (SFP) perdió el expediente de la Casa Blanca de Peña Nieto —que costó 7 millones de dólares—.
Fue José Gabriel Carreño Camacho, ex subsecretario de la SFP quien "perdió" el expediente del caso.
Él ya no está sujeto a proceso por la mansión cedida por Armando Hinojosa —amigo y constructor favorito de Enrique Peña Nieto—.
Un juez le concedió a Carreño la suspensión del proceso que enfrentaba por el delito de “ejercicio indebido del servicio público”.
Carreño concluirá su proceso sin ser sentenciado, bajo una serie de condiciones dictadas por el juez y un plan de reparación del daño… ¿De cuánto?
Pregunto: ¿Se puede “perder” un expediente como ese? Y, ¿Qué puede hacer el gobierno actual?
Es normal que se cometan delitos y que después, “entre abogados y jueces se dé marcha atrás a la justicia”.
La ley es la ley… ¡Esa sí que es una frase de pacotilla!