Ante la necesidad de otorgar certeza jurídica, brindar seguridad y tranquilidad a quienes están en peligro de perder su vivienda como único patrimonio, algunos senadores impulsan una ley que atienda esta problemática social que paulatinamente acrecienta preocupación entre cada vez más trabajadores.
El proyecto elaborado por los legisladores dispone que el Infonavit establezca un programa para la restructuración y otorgamiento de prorrogas para el pago de créditos.
Ñor ello el pasado 15 de marzo, las comisiones unidas de Seguridad Social y Estudios Legislativos Segunda, que presiden la senadora Gricelda Valencia de la Mora y el senador Rafael Espino de la Peña, aprobaron el proyecto para que el Infonavit pueda establecer un programa para la reestructuración y otorgamiento de prórrogas en el pago de créditos de vivienda a los trabajadores.
Se trata de una reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, para precisar que este organismo lleve a cabo la recuperación de los créditos que hubiera otorgado, con base en un modelo de cobranza social a la medida de la situación económica, laboral, social y particular de cada acreditado y “sin intermediarios”.
El dictamen plantea que dicho modelo integre un programa de reestructuración y beneficios para el pago de la amortización por concepto de capital e intereses ordinarios, a través del cual el Instituto otorgue de forma expedita las reestructuras y prórrogas necesarias mediante convenio, a solicitud de los trabajadores acreditados.
Y en todo caso, agrega el documento aprobado, dentro del programa se privilegiará la adopción de mecanismos de mediación o justicia alternativa para la recuperación de los créditos.
Además, las y los senadores agregaron que éste sea de aplicación general en todo el territorio nacional, y que se tiene que publicar en el Diario Oficial de la Federación y en el sitio web del Instituto.
El dictamen también plantea que el Infonavit emita las acciones, reglas y lineamientos necesarios para implementar este modelo de cobranza social, y establezca las bases para la contratación de los recursos humanos que se requieran para su implementación.
Además, el Instituto podrá acordar y celebrar convenios con los acreditados para mejorar sus condiciones de pago y reestructurar sus créditos, con absoluto apego y aplicación de la legislación en la materia, con el propósito de que los trabajadores tengan efectivamente la posibilidad de mantener el pago de su crédito y minimizar el riesgo de que su propiedad sea adjudicada.
Las y los senadores destacaron que estas modificaciones legales contribuyen a otorgar certeza jurídica, brindar seguridad y tranquilidad a quienes no desean perder su vivienda como único patrimonio.