Para erradicar las deficientes condiciones en las que se encuentran las mujeres privadas de la libertad en centros penitenciarios mixtos de la República Mexicana, así como por la atención inadecuada que ahí reciben, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió las Recomendaciones 60/2019, 61/2019 y 62/2019, dirigidas respectivamente a los gobernadores de los estados de Tamaulipas, Durango y Baja California Sur.
En los centros penitenciarios mixtos que albergan mujeres presentan condiciones de desigualdad en relación con las reportadas en las instituciones femeniles visitadas por este Organismo Constitucional Autónomo, el cual constató que en dichos estados no se cumplen con las adecuadas condiciones de habitabilidad, ya que su infraestructura, organización y funcionamiento gira alrededor de las necesidades de los varones, lo que contraviene al artículo 18 Constitucional, referente a que debe existir separación entre hombres y mujeres en los centros penitenciarios.
De igual forma se constató la deficiencia de personal médico y de seguridad; alimentación especializada para las personas menores de edad que viven con ellas, así como insuficiencia en infraestructura, ya que hacen falta talleres, aulas, áreas médicas, comedores, cocinas, áreas deportivas, ludotecas y espacios de visita conyugal adecuados, además de casi nula actividad cultural y recreativa, todo ello constatado en visitas realizadas entre los meses de junio y agosto del presente año.
De acuerdo con el más reciente Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, los centros penitenciarios mixtos obtuvieron una calificación de 5.98 en promedio a nivel nacional, en tanto que los femeniles alcanzaron 7.57, mientras que el estado de Tamaulipas obtuvo calificación de 4.92; Durango, 6.36 y Baja California Sur 4.95, todo ello en escala del 0 al 10, lo que generó dichas visitas a esas entidades federativas, donde se realizaron entrevistas a personal penitenciario y mujeres privadas de su libertad, en las cuales la CNDH observó que la situación actual propicia la transgresión de los derechos a la alimentación, seguridad, actividades laborales y educativas, entre otros, en razón de las precarias condiciones en los espacios destinados para ellas y sus hijas e hijos que ahí viven.
Es por ello que este Organismo Autónomo atendiendo y preocupado una vez más por el tema de la mujer en reclusión, requiere en esta ocasión a las autoridades encargadas del sistema tomar las medidas necesarias para lograr la erradicación de estas situaciones observadas, considerando las necesidades de este grupo poblacional, en razón de su género, proporcionando atención especializada a través de centros penitenciarios exclusivos para mujeres.
Por lo anterior, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recomienda, entre otros aspectos, a los Gobernadores de los estados de Tamaulipas, Durango y Baja California Sur, realizar acciones para que la entidad respectiva cuente por lo menos con un establecimiento específico para mujeres privadas de la libertad o, en su caso, asignar recursos presupuestales, materiales y humanos que permitan la organización y el funcionamiento independiente de estos centros, desde su titular, que deberá ser mujer, hasta el personal de las áreas jurídica, técnica, médica, administrativa, seguridad y custodia, así como infraestructura y equipamiento para que se garanticen condiciones de estancia digna y segura para ellas y para sus hijas e hijos.
Igualmente, se les señala que deben emprender acciones para que se garantice el derecho a la reinserción social de las mujeres privadas de la libertad en dichos estados, en especial en labores productivas, privilegiando el trabajo remunerado y su capacitación en actividades útiles para cuando obtengan su libertad, así como desarrollar un programa de capacitación continua con perspectiva de género dirigido al personal que atiende a las mujeres.
Las tres Recomendaciones, que ya fueron debidamente notificadas a su respectivo destinatario, pueden consultarse en la página www.cndh.org.mx