Producto de un Recurso de Impugnación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 87/2019 al gobernador del Estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, y al Fiscal General de la entidad, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, por la no aceptación de una Recomendación emitida por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero; y al Ombusperson estatal, Ramón Navarrete Magdaleno, por no investigar adecuadamente un caso de tortura ocurrido en dicha entidad.
La CNDH revisó el Recurso de Impugnación, por hechos ocurridos en 2016, y determinó que existen suficientes evidencias para acreditar violaciones a los derechos humanos a la integridad, por actos de tortura, así como a la seguridad personal y trato digno, por personal de la Fiscalía General del Estado y del Centro Regional de Reinserción Social de Acapulco de Juárez, Guerrero (CERESO de Acapulco).
Del análisis de diversos certificados médicos que obran en el expediente de queja y de acuerdo con la opinión emitida por un especialista de la CNDH, hay indicios para acreditar que la víctima fue sometida a agresiones físicas compatibles con actos de tortura cuando por primera vez fue internada en el CERESO de Acapulco, donde “le arrancaron la uña del dedo gordo del pie derecho, le colocaron agujas en los pechos y en el pene”.
Asimismo, la Comisión Nacional acreditó que, tras salir del CERESO de Acapulco bajo caución, dicha persona fue recapturada y golpeada por elementos ministeriales pertenecientes a la Fiscalía General del Estado de Guerrero, quienes lo trasladaron al Sector Central de la Policía Ministerial, donde también fue agredido físicamente.
Por otro lado, este Organismo Nacional también resolvió que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero emitió una resolución sobre este caso sin realizar una investigación exhaustiva y sin haberse allegado de elementos probatorios que acreditaran la responsabilidad en la que también incurrió personal del CERESO de Acapulco en los hechos, explicó que a la víctima no se le realizó un estudio psicológico completo para determinar sufrimientos mentales, aunado a que se elaboró un informe médico sin describir el mecanismo de producción de cada una de las lesiones que presentaba.
De acuerdo con la queja, una mujer refirió ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero que su hijo fue detenido el 18 de enero de 2016 en Acapulco de Juárez por elementos pertenecientes a la “Gendarmería Nacional”, por portar un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas; y fue trasladado a las oficinas de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y dos días después recluido en el Centro de Readaptación Social (CERESO) de ese municipio, donde fue torturado por custodios e internos.
A pesar de que el 21 de enero de ese año se le concedió la libertad bajo caución, aproximadamente a las 22:00 horas de ese mismo día fue nuevamente detenido por elementos de la Policía Ministerial, quienes lo golpearon y condujeron a las instalaciones de la Fiscalía General de la entidad, donde permaneció hasta el 23 de enero para ser de nueva cuenta internado en el CERESO de Acapulco.
Por este caso, la Comisión Estatal emitió la Recomendación a la Fiscalía General de Guerrero, quien no aceptó dicho pronunciamiento y explicó que en el momento en el que su personal detuvo a la víctima ya se encontraba golpeada.
Por todo lo anterior, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recomienda al Gobernador de Guerrero reparar el daño a la víctima, que incluya asesoría jurídica, atención médica y psicológica, y se le inscriba en el Registro Nacional de Víctimas; capacitar al personal del CERESO de Acapulco en los estándares internacionales relacionados con la prohibición de la tortura y tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, y colaborar en la queja que se inicie ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental y en la denuncia que se presente ante la Fiscalía General de la entidad para que se investiguen los hechos.
Al Fiscal General de Guerrero se le solicita capacitar al personal de la Policía Ministerial destacamentado en Acapulco en materia de estándares internacionales relacionados con la prohibición de la tortura y tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, y colaborar con la CNDH en la queja y denuncia que se inicien en esa dependencia para deslindar responsabilidades.
Al presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero se le solicita capacitar a los visitadores adjuntos y personal médico y psicológico sobre la documentación e investigación de casos de tortura y/o tratos crueles, inhumanos y degradantes, y sobre los criterios establecidos en el Protocolo de Estambul, así como designar a un funcionario de alto nivel para dar seguimiento al cumplimiento de la presente Recomendación.
La Recomendación 87/2019 ya fue debidamente notificada a sus destinatarios y puede ser consultada en la página www.cndh.org.mx