La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 78/2019 al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Francisco Alfonso Durazo Montaño; al Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, y al Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, por violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, integridad personal y protección de la salud en agravio de 130 personas en contexto de migración internacional, derivadas de la realización del operativo denominado “Contención de Flujos Migratorios” en las inmediaciones del poblado Los Tigres, en el Municipio de Juan Rodríguez Clara, Veracruz.
En palabras de los quejosos, en septiembre de 2018, cuando viajaban a bordo de un ferrocarril de la compañía Ferrosur, escucharon disparos de armas de fuego y observaron la presencia de agentes del INM, de la PF y de la SSP de Veracruz, quienes les arrojaron piedras y lesionaron a algunos de ellos, por lo cual tuvieron que tirarse del tren en movimiento; siendo que quienes permanecieron en el ferrocarril fueron maltratados para bajarlos y asegurarlos.
La CNDH acreditó que servidores públicos del INM vulneraron los derechos a la seguridad jurídica de las víctimas, ya que una persona servidora pública de dicha dependencia sin tener facultades legales solicitó la colaboración de la Policía Federal y de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz para realizar dicho operativo el 9 de septiembre de 2018, además suscribió las órdenes de revisión migratoria y los oficios de comisión respectivos de 27 agentes del INM que participaron en los hechos, actuación que a pesar de estar fuera del marco legal fue avalada por tres servidores públicos más del referido instituto.
La CNDH concluyó que un servidor público responsable de los elementos de la PF y tres mandos de los policías estatales vulneraron el derecho a la seguridad jurídica de 24 personas migrantes, por permitir que efectivos de dichas corporaciones realizaran labores de supervisión migratoria y las detuvieran sin tener facultades para ello.
Además, estableció que cuatro servidores públicos del INM vulneraron el derecho a la seguridad jurídica de 63 personas migrantes, al no cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento administrativo migratorio, pues se acreditó que hicieron constar que en cinco minutos y de forma simultánea realizaron las comparecencias de cada una de esas personas y, en el mismo periodo de tiempo les hicieron de su conocimiento los derechos que les asistían y el motivo de puesta a disposición ante la autoridad migratoria.
Asimismo, se estableció que ocho personas servidoras públicas del INM, la PF y Seguridad Pública de Veracruz, vulneraron el derecho a la integridad personal de diez víctimas, al ser omisos en supervisar las acciones de los elementos que participaron en el operativo, quienes lesionaron a las víctimas durante el operativo, y además de que personal del INM fue omiso en dar aviso a autoridades sanitarias, a pesar del riesgo que implicaba el operativo en un tren en movimiento, con lo que vulneró el derecho a la protección de la salud de las 130 personas migrantes, en especial de 12 de ellas, quienes recibieron atención médica un día después de haber sido lesionadas en el operativo.
Por ello, la CNDH recomendó al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, al Gobernador de Veracruz y al Comisionado del INM localizar a 12 víctimas para brindarles atención médica adecuada por las lesiones sufridas, hasta su recuperación física, y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas.
Al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana se le pidió colaborar en la presentación y seguimiento de la queja que se formule ante la Unidad de Asuntos Internos de la PF contra el servidor público involucrado y anexar copia de esta Recomendación en su expediente laboral; capacitar al personal de la Coordinación Estatal de la Policía Federal en Veracruz en derechos a la seguridad jurídica y a la integridad personal en los operativos migratorios en que colaboren con el INM.
El Gobernador de Veracruz deberá colaborar en la presentación y seguimiento de la queja que se formule ante la Comisión de Honor y Justicia de la SSP de Veracruz contra los tres servidores públicos involucrados y se anexe copia de esta Recomendación en sus expedientes laborales; capacitar al personal de las Regiones de San Andrés Tuxtla, Juan Rodríguez Clara y Carlos A. Carrillo de la SSP de Veracruz sobre derechos a la seguridad jurídica y la integridad personal en los operativos migratorios en que colabore con el INM.
Al Comisionado del INM le recomendó diseñar y aplicar un protocolo de actuación en revisiones migratorias en sitios que se considere que las personas en contexto de migración están en situación especial de vulnerabilidad o que su integridad física esté en riesgo.
Aplicar un mecanismo de actuación y realizar auditorías periódicas para corroborar el cumplimiento del mismo y de los derechos de las personas extranjeras presentadas; colaborar en la presentación y seguimiento de la queja que se formule ante el Órgano Interno de Control en el INM contra los servidores públicos involucrados y se anexe copia de esta Recomendación en sus expedientes laborales.
Además, capacitar al personal de la Estación Migratoria de Acayucan, Veracruz, en derechos a la seguridad jurídica en los procedimientos administrativos migratorios, así como lo relacionado con los derechos a la seguridad jurídica, a la integridad personal y a la protección de la salud en los operativos migratorios.
Adicionalmente se remitirá a la Fiscalía General de la República copia certificada de esta Recomendación para que se agregue a la carpeta de investigación que ya se encuentra en integración en dicha institución.
La Recomendación 78/2019 ya fue debidamente notificada a sus destinatarios y puede consultarse en la página www.cndh.org.mx