La Asociación Mexicana de Venta en Línea estimó el valor del comercio electrónico en el país, en 2016, por 329 mil millones de pesos, cifra que para cuando se actualice a este 2018, se elevará considerablemente.
Además, especialistas en el tema estiman que sólo una de esas compañías debería pagar contribuciones por mil 200 millones de pesos al año en México, recursos que servirían para atender los graves problemas sociales, por lo que propuso que de aprobarse la propuesta presentada en el Congreso federal, deberá establecerse el destino de estos fondos.
Eliseo Rosales, doctor en Administración Pública por la Universidad Anáhuac, comentó que definir si se debe o no gravar los servicios digitales es tema nuevo que debe analizarse, para conocer la relación beneficio-costo social de este impuesto, y a dónde se va a destinar.
Pidió ser cuidadosos en este asunto, porque tiene muchas aristas, como regular el Internet, ya que las redes sociales se han convertido en medio para cometer delitos como la trata de personas, extorsiones y secuestros.
Apuntó que la tecnología de la información a través de los servicios digitales ha superado al sistema jurídico, ya que carecen de regulación y los usuarios aceptan contratos que tampoco están reglamentados.
Las nuevas empresas digitales creadas para vender productos y ofrecer servicios, sólo son intermediarias, y pese a generar riqueza y tener menos costos de operación, porque son intangibles, no se les graba con impuestos
Gerardo Arzate, director de Tecnologías de la Información del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, sostuvo que el país no capta ninguna ganancia cuando un usuario ingresa al Internet, porque con un clic toda la cadena digital obtiene un rendimiento sin pagar gravámenes.
Expresó estar a favor de gravar a esas empresas. Propuso que la persona que coloca publicidad en el sitio digital debería pagar impuestos, para evitar aumentos en los precios de bienes y servicios contratados en línea. Pero sin incurrir en una doble tributación, por la que pagan en su nación de origen.
Luis Miguel González, director general Editorial del periódico El Economista, planteó una vocación pública indiscutible vinculada a cobrar y regular los impuestos a las empresas de servicios digitales, recursos que podrían utilizarse para cerrar la brecha de acceso de la población a plataformas tecnológicas.
Contribuiría también, a tener fondos para que el Estado mexicano proteja mejor de riesgos digitales de inseguridad, y ofrecer diversos trámites a distancia. Propuso crear un fondo nacional de emprendedores digitales, para impulsar en el país este nuevo modelo de hacer empresas, ya que no se ha diseñado ninguna.
Recomendó establecer un marco impositivo con una regulación mínima, pero eficaz, que ayude a México a obtener recursos para planear, por ejemplo, dijo, otro tipo de empleos, ya que en el 2030 se perderán 9 millones de fuentes de trabajo por la automatización y robotización.