Edna Jaime, directora de México Evalúa, informó que en días pasados diversas organizaciones interesadas en desarrollo del país presentaron el libro donde se detalla qué se puede hacer si el tratado comercial con América del Norte se cancela y plantea toda la tarea interna que se debe realizar para que las instituciones den certeza a los inversionistas extranjeros.
Añadió que en México se tiene un problema de gobernanza profunda, derivada de una transición política, en que se pasó de un sistema de control vertical a uno de fragmentación de poder, en la que no se han construido las instituciones que soporten esta distribución gubernamental. “Es una asignatura pendiente que se debe abordar si se quiere gobernar en serio y si se desea que el país prospere”.
Por su parte, Laurence Pantin, coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia y de Proyectos Especiales de “México Evalúa”, sostuvo que para garantizar una adecuada impartición de justicia se requiere promover instancias que velen por la independencia de los poderes judiciales y se implemente una carrera judicial.
Destacó que el rezago en la resolución de los casos, el bajo nivel de denuncia, los altos niveles de impunidad y la percepción negativa de los jueces y magistrados, representan un obstáculo para alcanzar el Estado de Derecho. “En 2018, 45 por ciento de la ciudadanía tenía poca o nada de confianza en los jueces, lo cual refleja la debilidad de este ámbito gubernamental”.
A su vez, David Ramírez de Garay, investigador de El Colegio de México, apuntó que el fracaso de la estrategia de seguridad se debe a su enfoque reactivo; por ello, consideró fundamental diseñar un mecanismo que fortalezca a la fuerza pública desde lo local, es decir, mejorar las condiciones y capacidades de las policías municipales. “En 2016, el 90 por ciento de los delitos cometidos en los estados fueron con impunidad”, destacó.
El también coordinador del Programa de Seguridad de “México Evalúa”, planteó la necesidad de priorizar la persecución penal, con el fin de incrementar la efectividad del aparato estatal en el esclarecimiento de hechos delictivos y garantizar los derechos de las víctimas”.
En su turno, Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público de México Evalúa, expuso que el gasto público en programas discrecionales del Ramo 23 la pasada administración, fue de 318 mil millones de pesos, lo cual equivale a 1.7 veces el gasto de Pensión para Adultos Mayores y 1.5 veces el Programa Prospera.
Recomendó mejores controles de la deuda pública, fomentar la rendición de cuentas sobre el uso de los ingresos excedentes, limitar el gasto discrecional del Ramo 23, restringir el sobrejercicio en gastos superfluos y promover la inversión pública.
Asimismo, señaló que los proyectos de obra pública presentan sobrecostos y retrasos sistemáticos y son vulnerables a la corrupción, por lo que es fundamental generar más valor en su contratación, fortalecer los procesos de planeación y selección de proyectos de infraestructura y reforzar la transparencia y rendición de cuentas en los procesos de contratación, la gestión de contratos y la ejecución de los trabajos.
Marco Fernández, también de México Evalúa, sostuvo que para consolidar la reforma educativa, más allá de la evaluación docente, se debe garantizar una política que asegure su calidad y atienda los desafíos en infraestructura.
Además, consideró que el Sistema Nacional Anticorrupción tendrá como tarea primordial hacer más efectivas las instituciones encargadas de su combate, a través de mayores recursos, el afianzamiento de pesos y contrapesos, y el desarrollo de un sistema de compras y contrataciones públicas eficiente, transparente y que fomente la competencia.
En tanto, la especialista en materia de Competencia y Regulación de México Evalúa, Ana Lilia Moreno, mencionó que en los últimos 15 años la economía del país creció, en promedio, 2.2 por ciento anual, mientras nuestra productividad aumentó apenas el 0.2 por ciento al año.
Ante este escenario, la investigadora propuso dotar de mayores herramientas a la Comisión Federal de Competencia Económica, para presentar acciones de inconstitucionalidad cuando las leyes contravengan el derecho a la competencia y libre concurrencia. También se le debe permitir analizar el impacto regulatorio en la materia.