La propuesta de recorte que dictaminó la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para el Instituto Nacional Electoral, misma que asciende a 950 millones de pesos es, no solo la más grande sino la más grave que ha sufrido en su historia.
El dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados plantea un recorte de 950 millones de pesos a la operación del INE.
El recorte afectará únicamente tareas sustantivas del Instituto, pues en su presupuesto se incluyen 4,968 millones de pesos que corresponden al financiamiento a los partidos políticos que no pueden ser disminuidos por esta autoridad electoral ya que se encuentran amparados por el texto constitucional.
Por lo tanto, de concretarse el recorte, se pone en riesgo el cumplimiento de la responsabilidad constitucional del INE de realizar las elecciones locales en cinco estados de la República, además de otras tareas sustantivas como la credencialización de los ciudadanos, y el monitoreo de radio y televisión.
Sensibles a la situación económica y social del país, el INE hizo la propuesta de presupuesto más baja de su historia: 37.4% real menor al ejercicio presupuestal de este 2018, y 5% real menor al presupuesto más bajo desde su creación. Este presupuesto representa menos de 20 centavos de cada 100 pesos que gastará la federación el próximo año, una vez más, la proporción más baja para la autoridad electoral antes federal (IFE), ahora nacional (INE).
El INE hizo una solicitud por 16,313 millones de pesos, de los cuales 11,347.2 corresponden al presupuesto para la operación del Instituto y 4,965.8 son para el financiamiento público a los partidos políticos. El ajuste que se propone no afecta a este último e impacta solamente a la operación de la Institución. Esto en virtud de que el Artículo 41 Constitucional prevé la fórmula para otorgar financiamiento público a los institutos políticos.
En el caso de que este recorte fuera aprobado, no solamente compromete la operación regular de la Institución, sino que imposibilita la realización de las elecciones locales de 2019. Con dicha reducción sería imposible la instalación de 16,124 casillas electorales y la capacitación de 64,496 ciudadanas y ciudadanos que fungirán como funcionarios de casilla en las elecciones a celebrarse el primer domingo de junio de 2019 en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, para lo cual la Institución previó 619 millones de pesos.
De la misma manera, se pone en riesgo la continuación de los servicios gratuitos de credencialización para los más de 15 millones de ciudadanas y ciudadanos que se prevé requieran este servicio el próximo año, así como compromete el monitoreo total a radio y televisión, una de las garantías fundamentales en la equidad de la contienda político electoral.
El Instituto Nacional Electoral hace un llamado a la Cámara de Diputados a fin de reconsiderar la propuesta que ha hecho pública la Comisión de presupuesto. Y reitera su compromiso de trabajar con los legisladores para buscar modalidades que, sin vulnerar la equidad de la contienda y los derechos políticos fundamentales, permitan organizar elecciones con costos menores.
El INE ha hecho su parte para ajustar su estructura y modernizar su operación, es por ello que presentó para 2019 el presupuesto más bajo de su historia. El costo total del sistema electoral depende del diseño constitucional y legal y no del INE.
El INE ha dado múltiples muestras, de manera sistemática, de ser una institución al servicio de la ciudadanía y por la democracia. Reafirma su compromiso institucional para, por la vía del diálogo, ofrecer sus conocimientos técnicos y su experiencia para reducir el costo de los procesos electorales en el país, ello requerirá, necesariamente, reformas legales. Es por esa vía, la del consenso y la responsabilidad compartida como se encontrarán áreas de oportunidad para reducir costos.
El INE, siempre por los cauces legales e institucionales, persistirá en la defensa de sus atribuciones constitucionales pues de ellas depende también el ejercicio de derechos fundamentales de la ciudadanía.