La “Casa Gris” exhibe un grave conflicto de interés, en el cual el presidente no tiene forma de justificar la corrupción de su gobierno, refirió el coordinador de las y los senadores panistas, Julen Rementería del Puerto.
En conferencia de prensa para hablar sobre la investigación de las propiedades donde vivía el hijo mayor del titular del Ejecutivo, dijo que “el presidente simplemente quiere tapar su corrupción, tratando de usar su discurso, su palabra, la fortaleza de su imagen, pero ha llegado la hora de que los mexicanos sepan que éste, por cómo pintan las cosas, seguramente terminará.
“Cada vez demuestra más que hay una gran cantidad de dinero involucrado en este contubernio, en este tráfico de influencias entre la familia presidencial y las empresas del gobierno, en este caso Pemex”, precisó el legislador.
Lo anterior en relación con la investigación que realizó la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en la que reportó que una de las propiedades donde vivía el hijo de Andrés Manuel López Obrador en Houston, Texas, pertenecía a Keith L. Schilling, quien fungía en ese tiempo como alto ejecutivo de Baker Hughes, empresa contratista de Pemex, favorecida con contratos de millones de dólares, por el actual gobierno.
“Este tema que está en la conversación pública, exhibe un grave conflicto de interés, que lamentablemente lejos de despejar cualquier tipo de duda respecto al evidente e innegable conflicto intereses que existe entre la familia presidencial y los asuntos del gobierno, y que cada día se hunden más”, indicó.
Rementería del Puerto remarcó que cada día hay más dudas y torpes explicaciones, y por ello integrantes del GPPAN han desarrollado 10 diferentes puntos de acuerdo para que se pueda discutir en el Pleno de la Cámara Alta, y se puede solicitar a las autoridades que actúen.
“Buscamos que no quede en explicaciones, donde se tenga que creer sólo en la palabra del presidente de la República, y entre los temas, pedimos: Primero, el director de Pemex informe sobre los contratos de Baker Hughes; que el SAT se abstenga de divulgar los ingresos de cualquier persona física; que el INAI inicie un procedimiento contra quien resulte responsable por divulgar información particular”, dijo.
Asimismo, agregó, que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), investiguen la comisión o la posible comisión de delitos de conflicto de intereses, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, entre otros, que claramente empiezan a vislumbrar con perfecta claridad en este asunto.
El legislador comentó que, entre los puntos de acuerdo, solicitan que la Fiscalía General de la República (FGR), abra una investigación en Pemex, y explique por qué se entregan esos contratos, si se cumple con la Ley de Adquisiciones y si está realmente de acuerdo en todos los procedimientos entregados, esos contratos y sus posteriores ampliaciones.
“Todo eso se tiene que investigar, no vale aquella conferencia que dio el director de Pemex y que no aclaró nada, que solamente enredó más.
“Y se le hace un exhorto al presidente a que respete la libertad de expresión y deje de atacar a los periodistas, que con ello los pone en serio riesgo y que además no es postura; indigna la corrupción, sí, la de este gobierno que, por lo visto, no es más que una frase el querer acabar con ella”, concluyó.