Medidas paliativas son ineficientes
Este lunes, en cumplimiento a lo dispuesto por el apartado B, del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó ante el Poder Ejecutivo Federal su informe anual de labores correspondiente a 2018.
Sin embargo, en un hecho por completo inédito, el presidente del organismo, Luis Raúl González Pérez, tuvo que entregar una versión impresa del mismo a la titular de la Secretaría de Gobernación, conforme le fue solicitado en la respuesta que se dio a las solicitudes que, desde la CNDH se hicieron, para que se realizara un acto de presentación formal ante el Presidente de la República, tal y como se venía haciendo durante los casi 29 años de existencia de este organismo autónomo.
Ante este histórico rechazo de López Obrador, la CNDH emitió un boletín en el que señala que más allá de un acto meramente formal, el encuentro que propiciaba la presentación de este Informe abría un espacio directo e inmediato para que el organismo, constitucionalmente encargado de la protección federal de los derechos humanos en México, pudiera exponer ante el Ejecutivo Federal un balance anual sobre la situación de los mismos, así como reflexionar, prospectivamente, sobre los retos y situaciones que demandaban atención especial para el año en curso, cuestiones que en este 2019 no pudieron concretarse, al no haberse generado un espacio para que los derechos humanos fueran escuchados.
“Ojalá que el respeto a la dignidad humana efectivamente encuentre un espacio y lugar dentro de las políticas, planes, programas y acciones de gobierno que se emprendan.
“En estos primeros meses de gestión, se empiezan a acumular hechos, actos y omisiones que, vistos en su conjunto, nos harían suponer que procurar la vigencia de los derechos humanos no se está asumiendo como premisa y límite de toda actuación pública, ni se están adoptando medidas pertinentes para revertir la situación que, desde hace varios años nuestro país ha enfrentado en diversos rubros.
“2018 fue un año crítico para los derechos humanos, lo cual ocasionó que las materias y ámbitos de las vulneraciones denunciadas ante este Organismo Nacional fueran múltiples, así como diversos los grados de gravedad de las mismas, siendo las quejas referidas a salud, así como a las cuestiones relativas a la seguridad y justicia, las áreas donde las personas acusaron mayores afectaciones a sus derechos, dando continuidad con ello a una tendencia que se presenta desde hace varios años.
“Es claro que el sector salud presentó serios retos y deficiencias durante 2018, sin embargo, el panorama con el que inicia 2019 no nos hace inferir que esta situación pueda revertirse en el año en curso.
“Resultan preocupantes las declaraciones que recientemente se han hecho identificando el agravamiento de la crisis que atraviesa el sector salud, con la falta de recursos presupuestales, materiales y de personal, derivados de las medidas de austeridad y combate a la corrupción adoptadas por el Gobierno de la República.
“Nadie puede oponerse a que el gasto público se asigne y ejerza de mejor manera, así como tampoco a que los actos de corrupción se investiguen y sancionen; sin embargo, ello no puede implicar que se suspenda o ponga en riesgo la atención que es debida a los pacientes, así como el acceso a los tratamientos y medicinas a los que tengan derecho.
“Con independencia de medidas de disciplina presupuestal o de la investigación de ilícitos, México se encuentra obligado a asignar, hasta el máximo de sus capacidades, los recursos necesarios para que los derechos humanos, incluido el derecho a la salud, sean vigentes, obligación que subsiste aún frente a recortes o ajustes presupuestales. “Hay rubros en los que la asignación de recursos públicos no puede sólo depender de cálculos económicos o ponderaciones administrativas, como lo son los servicios de salud pública, donde la falta de recursos económicos, materiales o de personal debidamente calificado, implica la diferencia entre la salud o la enfermedad de las personas, e inclusive, en casos graves o urgentes, entre su vida o su muerte.
“No hay economía, ahorro o medida de austeridad, que compense o justifique que la salud, la integridad o la vida de las personas se ponga en riesgo o se comprometa innecesariamente. Debilitar o volver inoperantes los sistemas públicos de salud, implica una violación a los derechos humanos.
“Las irregularidades del pasado son motivo de investigación y sanción, los problemas del presente requieren acciones pertinentes y atención urgente. No es posible que el Estado garantice la buena salud de todas las mexicanas y mexicanos, pero sí puede, y tiene la obligación, de que tengan la posibilidad de recibir la asistencia y atención médica que lleguen a requerir, así como el deber de abstenerse de dañar, con sus acciones u omisiones, la salud de las personas.
“En lo relativo al ámbito de la seguridad y la justicia, si bien las variaciones numéricas registradas a la baja, en algunos casos, podrían interpretarse como algo positivo, lo cierto es que no existen números o parámetros aceptables de denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos, aun cuando tales hechos se pretendan justificar en la implementación de acciones para preservar la seguridad y combatir la criminalidad.
“Las personas se duelen de que tanto autoridades militares como civiles vulneran sus derechos humanos y existe temor en presentar las denuncias correspondientes, siendo un hecho que es necesario entender y atender pertinentemente.
“Dos mil dieciocho concluyó con cifras que no son favorables y el panorama que presenta el inicio de dos mil diecinueve también está lejos de ser positivo, a menos de que se produzca un cambio radical en el enfoque y magnitud de la respuesta institucional a los problemas y necesidades de seguridad de las personas.
“El número de homicidios registrados en los primeros meses de 2019, la diversificación y alcances de las actividades que lleva a cabo el crimen organizado, las redes de apoyo social a las mismas, la violencia feminicida, los ataques en contra de periodistas, comunicadores y defensores de los derechos humanos, el notable aumento de los casos de linchamiento, la subsistencia de las desapariciones, así como el agravamiento de las agresiones y homicidios en contra de personal penitenciario, policías y miembros de nuestras fuerzas armadas, son tan sólo algunos de los elementos que nos reiteran la necesidad de abordar la crisis que México vive en materia de violencia e inseguridad, bajo un enfoque integral, sustentado en una estrategia real que priorice la prevención y no se limite al replanteamiento de un cuerpo eminentemente reactivo, como lo es la Guardia Nacional, así como al aumento de los delitos a los que sería aplicable la prisión preventiva forzosa.
Bastaría un somero análisis de los hechos que posibilitan o propician las cadenas de ilegalidad e impunidad en nuestro país, para advertir que por mejor capacitado y equipado que esté un cuerpo que asuma funciones policiales, su repercusión práctica en el fortalecimiento del Estado de Derecho y la materialización del acceso a la justicia será mínima, en tanto la ley no se aplique y los delitos no se investiguen de manera debida, oportuna y profesional.
“En su concepción actual, la Guardia Nacional en el ámbito del combate a la criminalidad, sólo puede implicar disuasión o contención, con efectos limitados y de corto plazo. Poco o nada se abonará al abatimiento de la impunidad si los delitos no se investigan y las causas judiciales no se sustentan debidamente, si no abordamos temas como la operación y autonomía de las 33 Fiscalías Generales en el país.
“Es claramente posible y compatible la observancia del Estado de Derecho, así como la prevención y persecución efectiva de los delitos con el respeto a los derechos humanos. La defensa de los derechos humanos no promueve el incumplimiento de la ley o que la misma sea objeto de negociación.
“Por el contrario, solo en el marco de la ley los derechos humanos se pueden materializar y ser vigentes. Todas las personas, incluidas aquellas que han cometido alguna conducta ilícita, así como las autoridades involucradas en la procuración e impartición de justicia tienen derechos humanos, mismos que se deben respetar y garantizar en el marco de la ley.
“En la medida en que las autoridades ejerzan sus obligaciones conforme lo mandatan las normas y sean respetuosas de la dignidad de las personas, su conducta no podrá ser cuestionada por resultar violatoria de los derechos humanos.
“Cuando un particular realiza una conducta que afecta o vulnera a otra persona, incluidas a las autoridades, lo que está cometiendo es un delito, cuya persecución y sanción no corresponde en modo alguno a los organismos de protección y defensa de los derechos humanos, sino a la autoridad ministerial correspondiente y, en última instancia, al Poder Judicial.
“Si un ataque o agresión a un elemento policial, de las fuerzas armadas o de cualquier otro cuerpo de seguridad permanece impune, es porque la autoridad ministerial no ha cumplido con su obligación de investigar y perseguir el delito, siendo esa omisión o falta de actividad una conducta que sí podría violar los derechos humanos de los servidores públicos agraviados, al negarles su derecho a que se les imparta justicia.
“De igual forma, viola los derechos de los elementos policiales o de otros cuerpos de seguridad, quien los hace participar en acciones deficientemente planeadas y organizadas y no ejerce un mando efectivo y adecuado cuando las mismas se complican, abandonando a su suerte a los elementos involucrados y propiciando que sean objetos de agresiones, vejaciones y riesgos innecesarios, o bien, que incurran en excesos en su actuación frente a terceros.
“Parte importante del entorno crítico que ha venido enfrentando nuestro país en el respeto y vigencia de los derechos humanos, es consecuencia de la inseguridad, la violencia, la falta de cumplimiento y aplicación de la ley, la corrupción, la impunidad, así como la ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
“Nuestro país no podrá revertir esta situación en tanto no abandone la laxitud o tolerancia al incumplimiento o falta de aplicación de la ley; la equivocada noción de que la pertenencia o filiación a una institución pública, grupo u organismo político lleva implícito el derecho de conducirse al margen de la ley; la falta de conocimientos, capacitación y de perfiles idóneos de los servidores públicos, de todos los niveles, para cumplir con las funciones encomendadas; la prevalencia de la improvisación y la atención de intereses particulares o de grupo frente a la planeación estratégica y la procuración del interés público.
“Los factores que he referido propiciaron, entre otras cosas, que durante 2018 subsistieran problemas tan graves como los miles de personas desaparecidas, la prevalencia de la tortura, el desplazamiento forzado interno, la explotación y abuso a migrantes, las fosas clandestinas e irregulares, la persistencia de la violencia de género, la trata de personas, así como la violencia en contra de periodistas, comunicadores y defensores de los derechos humanos, mismos en los que la cifra de homicidios durante 2018 registró un total de 17 casos.
“Estos problemas requieren atención pertinente y urgente, no sólo medidas paliativas o coyunturales y constituyen pendientes en la agenda para 2019 en el ámbito de los derechos humanos.
“Es prioritario generar un entorno propicio para el ejercicio de la labor periodística y la defensa de los derechos humanos, lo cual pasa por promover el respeto hacia las mismas, reconocer su importancia en una sociedad democrática y evitar su estigmatización o pretender descalificarlas.
“Tan sólo en lo relativo a la violencia en contra de periodistas, comunicadores y defensores de derechos humanos, durante los primeros meses de 2019 se han registrado 12 casos de homicidios, mismos en los que no debe existir la impunidad, que es una constante, para la mayoría de los casos registrados en los años anteriores”.
Todo esto contiene el documento que se negó a escuchar, de viva voz del ombudsman, el presidente Andrés Manuel López Obrador.