¿Prosperará o se congelará?
La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz anunció que empujará con toda la fuerza de su bancada panista una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 102 del Código Penal Federal, a fin de combatir con mayor eficiencia la impunidad y la corrupción que tanto daña al país.
“Esta iniciativa va para aquellos cuates ratas que se roban el dinero, para que los castiguemos, para que no haya perdón a la “estafa maestra”, a Odebrecht y a todos esos actos de corrupción que le apuestan al olvido. Nosotros creemos que se debe de castigar”, expresó la legisladora desde la tribuna parlamentaria.
Y añadió: “En el Partido Acción Nacional tenemos claro que esos males se combaten con el cumplimiento irrestricto de la ley, con una política sin ambigüedades y una actitud de cero tolerancia a la corrupción y la impunidad.
“Con frecuencia vemos que la ley no se aplica, se aplica selectivamente o se simula que se aplica como resultado de la corrupción.
“La corrupción y la impunidad lastiman al país y ofenden a la sociedad, socavan la confianza ciudadana en las instituciones y en el servicio público y minan el Estado de Derecho.
“Por eso es necesario fortalecer el Estado de Derecho y reformar el sistema de administración de Justicia, con el propósito de ejercer la acción penal contra aquellos que al margen de la ley, han arrebatado al país parte de su patrimonio con actividades ilícitas.
“La semana pasada presentamos una iniciativa de reforma constitucional que propone que la extinción de dominio sea retrospectiva e imprescriptible, es decir que esta acción de extinción no prescriba con el paso del tiempo.
“Hoy venimos a proponer a este Pleno, una reforma legal al código penal para que el ejercicio de la acción penal sea imprescriptible para los delitos relacionados con hechos de corrupción, encubrimiento, operaciones con recurso de procedencia ilícita y extorsión.
“Estos delitos y una característica particular son delitos que son cometidos por servidores públicos, por personas que se encuentran ligadas al ejercicio del poder o que reciben o manejan recursos públicos.
“Eliminar la prescripción de la acción penal para este tipo de delitos, es una obligación ética y moral ante el clima de impunidad y corrupción que existe en el país, en todos los niveles.
“Sólo como dato estadístico podemos mencionar que de acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales de 2011 a 2015, el INEGI, en 2015 fueron sancionados un total de 3 mil 459 servidores públicos por delitos del fuero común, cometidos con motivo del servicio público.
“En el plano Federal, durante el 2017 las instituciones de control y fiscalización sancionaron a 541 servidores públicos, un 19 por ciento más de los 450 sancionados en 2012.
“De igual forma en 2017 un total de 251 personas fueron sentenciadas en el fuero federal por asociación delictuosa y 105 por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“En el caso específico de delitos relacionados con servidores públicos, 63 fueron sentenciados por cohecho, 41 por abuso de autoridad y 35 por peculado, esto de acuerdo a las cifras del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2011 – 2018”.