Por unanimidad, el Pleno del Senado de la República aprobó un proyecto para reformar diversos ordenamientos, a fin de maximizar los derechos de las personas trabajadoras y protegerlas, de manera amplia, respecto de actos de violencia y acoso laboral.
El dictamen, que fue aprobado con 91 votos, modifica la Ley Federal del Trabajo; la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; el Código Penal Federal; y la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Plantea incluir medidas de prevención, atención, sanción y reparación del daño de los casos en los que dicho fenómeno se haga presente; además, otorga rango de ley a los instrumentos, avances y protocolos que protegen a las y los trabajadores.
El proyecto advierte que el fenómeno de la violencia en el entorno laboral, es un problema que incide negativamente en diversos derechos humanos, pues vulnera la salud física, emocional, el bienestar familiar y económico, así como el libre desarrollo de la personalidad.
Así, afirmaron las y los senadores, las modificaciones representan un gran avance para que el Estado Mexicano cuente con una normatividad especializada, que tome en consideración los estándares internacionales y los criterios judiciales en la materia, a fin de que dicha problemática sea expresamente reconocida en la legislación nacional.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), anualmente miles de personas abandonan su trabajo, debido a situaciones de acoso o falta de respeto personales que padecen en su entorno laboral.
Tan sólo en 2019, afirmaron los senadores, el acoso laboral fue la causa de más de 23 mil 500 personas para que decidieran abandonar su empleo.
Advirtieron que el fenómeno de la violencia en el trabajo es un problema que no sólo se presenta en el plano vertical de las relaciones laborales, sino también tiene una alta presencia en el entorno horizontal, es decir, entre los propios compañeros de trabajo.
Este tipo de violencia comprende una muy amplia gama de manifestaciones, entre las que se incluye el acoso sexual, daño a objetos personales, robo, extorsiones, amenazas y chantajes a través de mensajes de texto, entre otras.
Destacaron que las trabajadoras son un grupo especialmente vulnerable ante actos de violencia en el entorno laboral, principalmente ante agresiones que implican conductas machistas, misóginas o de violencia sexual.
La presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Ana Lilia Rivera Rivera, dijo que las reformas representan un paso significativo de los derechos humanos de todas las personas trabajadoras, pero especialmente, de las mujeres victimizadas por razones de género.
A nombre de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, la senadora Blanca Estela Piña Gudiño expresó que este dictamen permite avanzar en la erradicación de la violencia y acoso laboral, factores que afectan el pleno desarrollo de las y los trabajadores, “porque es necesario dejar claro que la falta de certidumbre y derechos, son el caldo de cultivo para el incremento de la violencia en el trabajo”.
De Movimiento Ciudadano, la senadora Patricia Mercado aseguró que en muchos casos el acoso y la violencia se han convertido en una “regla no escrita” para conservar un empleo, por lo cual, estas reformas recuperan los avances, experiencias y protocolos para proteger a las personas trabajadoras.
Por el Grupo Plural, la senadora Nancy de la Sierra Arámburo destacó que las modificaciones implementan protocolos contra la violencia y el acoso sexual en los centros de trabajo, “deuda que hemos tenido por años frente a los derechos de todas las personas trabajadoras”.