Piden en el Senado
La senadora morenista Nestora Salgado García presentó proposición con punto de acuerdo relacionada con los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Además, exhortó a la Fiscalía General de la República (FGR) a que realice investigaciones para determinar responsabilidades administrativas y penales de servidoras y servidores públicos en los hechos, con la debida diligencia e independencia, así como la posible responsabilidad de las y los superiores jerárquicos de quienes hubieran cometido tales acciones y todas las actividades de posible encubrimiento que hubieran favorecido la impunidad.
Igualmente se exhorta a la FGR y al Poder Judicial de la Federación (PJF) para que en el ámbito de sus atribuciones y de acuerdo con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y con los estándares internacionales fundadas de haber sido obtenidas bajo tortura en caso el Iguala.
La senadora guerrerense hace mención que desde el pasado 21 de junio, diversos medios de comunicación publicaron un video que expone la tortura en contra de uno de los detenidos por el caso Iguala, Carlos Canto, por tres individuos. El video muestra al señor Canto con los ojos vendados, maniatado, sometido a asfixia, toques eléctricos, golpes y vejaciones mientras es interrogado por funcionarios públicos.
Por esta razón, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió un comunicado de prensa mediante el cual condena categóricamente tales actos de tortura, y reitera el principio inderogable de la prohibición absoluta de la tortura tal como lo mencionó la alta comisionada de la ONU-DH, Michelle Bachelet, en su reciente visita a México “la tortura no tiene cabida en un estado comprometido con los Derechos humanos”.
En el caso documentado por la ONU-DH en su Informe Doble Injusticia sobre las violaciones de Derechos Humanos en la investigación del caso Ayotzinapa, el señor Canto fue detenido por elementos de la Policía Federal Ministerial y de la Secretaría de Marina, y su caso es uno de los 34 en que la ONU encontró fuertes elementos que indican la comisión de actos de tortura además de otras violaciones de Derechos Humanos.
Salgado García recuerda que el Informe Doble Injusticia aborda las alegaciones de detención arbitraria y tortura de personas procesadas en el caso Iguala. La ONU-DH examinó la información sobre 63 personas de un total de 129 procesadas en relación con los eventos ocurridos en la noche del 26 y 27 de septiembre en Iguala.
El video presentado por los medios evidencia ante la sociedad la tortura en contra de uno de los supuestos implicados en el caso Iguala y comprueba además la inacción del Estado mexicano, en este caso, las instancias públicas encargadas de investigar los delitos y violaciones a los Derechos Humanos cometidas en el curso de las indagatorias oficiales tuvieron acceso a información que demuestra los actos de tortura y otras violaciones cometidas contra el señor Canto y, a pesar de ello, no actuaron debidamente.
Por ello, la también secretaria de la Comisión de Derechos Humanos considera que es momento de romper la cadena de complicidades y encubrimientos alrededor del caso Ayotzinapa y enfocar los esfuerzos del estado mexicano en la verdad y la justicia con estricto apego a los derechos humanos
Además, señala que el Comité de las Naciones Unidas Contra la Tortura ha expresado sobre México que preocupan gravemente la información en el sentido de que, durante el período anterior a la entrega al Ministerio Público, se infligen torturas y malos tratos a las personas detenidas con el fin de obtener confesiones forzadas y declaraciones auto-inculpatorias que posteriormente son utilizadas para encubrir diversas irregularidades cometidas en la detención.
Concluye Nestora Salgado, “debemos reafirmar el compromiso de que la prohibición absoluta de la tortura es una norma reconocida por la comunidad internacional que no admite derogación, restricción, ni práctica o acuerdo en contra. Por ello, tenemos la obligación ineludible de prevenir investigar y sancionar la tortura, con el propósito de proteger la integridad física y mental de las personas”.