La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó al Ejecutivo Federal a dar respuesta al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, respecto de la desaparición forzada de Christian Téllez Padilla, ocurrida en 2010.
El acuerdo con cuatro puntos resolutivos pide a los gobernadores de los estados y de la Ciudad de México que trabajen conforme a los objetivos que pretende la ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares, y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
En la solicitud del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se pide a las autoridades mexicanas que desarrollen una investigación profesional y autónoma sobre los hechos ocurridos en 2010, en los cuáles según un testigo de los hechos, pudo existir participación de la Policía Intermunicipal y un presunto vínculo de autoridades estatales y grupos de delincuencia organizada en la desaparición de Téllez Padilla.
A solicitud del senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD se agregó un quinto resolutivo para que en el próximo periodo de sesiones, que inicia el 1º de septiembre de 2019, se lleven a cabo el estudio y análisis de las reformas en materia de desaparición forzada, arraigo, registro de migrantes e identificación de cadáveres, y las que se relacionan con los derechos humanos.
Sobre el tema la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, de Morena, señaló que la violación de los derechos humanos y la desaparición forzada en México se ha incrementado, y se hizo más evidente hacia el exterior en los últimos sexenios, gracias a la denuncia y mayor participación de la sociedad.
Recordó que México no ha podido resolver la sentencia hecha por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sobre el caso Radilla Pacheco, del 23 de noviembre de 2009, cuya desaparición mantiene al país con una demanda internacional.
Explicó que a raíz de esa sentencia, ocurrió un importante cambio en el país y se consiguió la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas. Sin embargo, dijo, a pesar del andamiaje legal, todavía está pendiente la desaparición de 34 mil 656 personas según cifras de Amnistía Internacional
En su intervención el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, señaló que hay iniciativas pendientes para cumplir con objetivos del acuerdo, como la identificación de cadáveres, “pero se han postergado”.
Agregó que la ONU también hizo una recomendación puntual para que se realizara un registro de migrantes. “Tenemos la iniciativa presentada, pero no la hemos dictaminado”.
Tonatiuh Bravo Padilla, diputado de Movimiento Ciudadano, destacó que México forma parte de diversas convenciones de protección a los derechos humanos y para el combate a la desaparición forzada.
No obstante, dijo, “se están multiplicando por todos lados los casos de desaparición forzada. Por eso creemos que es imprescindible que haya una respuesta de los Poderes de la Unión, en este caso del Legislativo, acusando recibo de la resolución de Naciones Unidas”.
Por su parte la senadora Beatriz Paredes Rangel, del PRI, destacó que se debe fortalecer el papel de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuya autonomía garantiza la neutralidad en sus juicios. Los mexicanos, dijo, están indignados por la problemática de desaparición forzada, ya que requiere la más alta y eficaz presencia del Estado mexicano y refleja la compleja descomposición de la sociedad en algunas regiones.
El Pleno de la Permanente también se dirigió a las autoridades federales y estatales a coordinar sus acciones de manera eficaz y a los organismos garantes en materia de derechos humanos estatales fortalecer su respeto.