La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se manifestó en contra de la aprobación del decreto por el cual se pretende ampliar el periodo del ejercicio del Ejecutivo de Baja California a partir de primero de noviembre de 2019 hasta el 31 de octubre de 2024.
Senadores y diputados federales hicieron un llamado al Congreso y a los ayuntamientos de esa entidad para dejar sin efecto del decreto 112 de reformas a la Constitución Política local, aprobado el 8 de julio de 2019.
En un pronunciamiento avalado en la sesión de este miércoles, los legisladores solicitaron que se realicen las acciones correspondientes, de acuerdo con las Cartas Magnas de nuestro país y de Baja California, para garantizar el orden constitucional y el respeto al Pacto Federal.
El senador Antonio García Conejo, del PRD, advirtió que la reforma aprobada por la XXII Legislatura de Baja California atenta contra el Estado Derecho, la legitimidad e integridad del proceso electoral y de las instituciones democráticas.
Por su parte, el diputado Carlos Alberto Puente Salas adelantó que el PVEM impulsará una acción de inconstitucionalidad en caso de que se publique y entre en vigor la reforma, promoverá un juicio político a los legisladores locales y a los magistrados el Tribunal Electoral del estado, así como la posibilidad de desaparecer los órganos jurisdiccionales electorales locales.
María Rosete Sánchez, diputada del Partido Encuentro Social, dijo que la aprobación de ese decreto, además de “una aberración jurídica con la anuencia del Gobernador”, es un fraude electoral porque los ciudadanos votaron por un encargo de dos años.
La senadora Nancy de la Sierra Arámburu, del Grupo Parlamentario del PT, dijo que esa sucia maniobra aumenta la desconfianza ciudadana hacia los legisladores, pues podrían suponer que se puedan cambiar las reglas del juego en cualquier momento y a su conveniencia, ignorando la voluntad del electorado.
La senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, dijo que no hay forma de defender la ampliación del mandato del gobernador de Baja California. Significa una violación a diversos principios constitucionales. En un país con una larga historia de fraudes electorales, privilegios y acumulación del poder, significa apostar por una regresión autoritaria.
La diputada Dulce María Sauri Riancho destacó que el Grupo Parlamentario del PRI confía que este Punto de Acuerdo contribuya a que regrese la razón y la prudencia política a Baja California. “No hay amistad que valga cuando se trata del orden constitucional y de respeto al Estado de derecho. Si la boleta dice dos años esos serán, si dice seis también”, detalló.
Por parte del Grupo Parlamentario del PAN, la diputada Lizbeth Mata Lozano subrayó que el acto realizado por el Congreso de Baja California es la antítesis de la democracia. Es a todas luces ilegal, inconstitucional y antidemocrático. Este precedente, dijo, no debemos permitir que suceda porque es un peligro, no sólo para esa entidad sino para el país.
El diputado Raúl Bonifaz Moedano, de Morena, dijo que ampliar el mandato del gobernador de esa entidad va en contra del Pacto Federal. Por ello, la fracción parlamentaria a la que pertenece hizo un exhorto de prudencia y sensatez. De presentarse una controversia constitucional Morena lo respaldaría, señaló.