La diputada federal Laura Imelda Pérez Segura presentó un punto de acuerdo para solicitar al gobierno de Jalisco un informe de las acciones implementadas en materia de personas desaparecidas y los resultados obtenidos.
Lo anterior, precisó la representante popular por el Distrito 16 con cabecera en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, “ante la condición crítica que registra la entidad en esa materia”:
Con base en los informes del Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición (SISOVID), “de 11 mil 117 casos de personas desaparecidas en el estado, 4 mil 884 se registraron durante los últimos tres años, es decir de 2019 al 2021. Lo que representa el 43.93 por ciento del histórico acumulado. Es decir, un promedio de 1 caso cada 5 horas y 22 minutos”.
El reporte del Gobierno de México “Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas”, agregó, establece que Jalisco es el estado con el mayor número de personas ausentes, “ya que, durante los primeros seis meses del año 2021, se contabilizaron 3 mil 948 casos de personas desaparecidas y no localizadas, equivalente al 18.32 por ciento del total nacional”.
En contraste, la Ciudad de México y el estado de Michoacán ocupan el segundo y tercer lugar con mil 757 y mil 739 casos, respectivamente, cifras que Jalisco duplica, destacó.
La legisladora morenista señaló que la crisis de personas desaparecidas en la entidad resulta más preocupante si se considera que Jalisco encabeza la lista nacional con el mayor número de predios en los que se han encontrado cuerpos:
“La organización civil ‘Causa en Común’ reportó 109 fosas clandestinas en Jalisco, aunque la Fiscalía del Estado sólo ha reportado 18”, indicó, al advertir que, pese a los índices de desapariciones, las organizaciones y madres de víctimas son violentadas en sus derechos por autoridades locales.
“El 4 de enero pasado en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, integrantes de la Fundación Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (FUNDEJ), junto con dos madres que esperaban la entrega de los cuerpos de sus familiares fueron violentadas, amenazadas y hostigadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco”, indicó al mencionar que estos hechos fueron condenados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.
“Estas acciones sólo demuestran insensibilidad de las autoridades estatales hacia las víctimas y familiares de personas desaparecidas, convirtiéndose en un agresor más. Situación que el gobernador, Enrique Alfaro, ha negado continuamente a pesar de las cifras”, resaltó la diputada federal al mencionar que este Punto de Acuerdo también busca que:
Las instituciones y dependencias estatales públicas involucradas implementen -en el ámbito de sus responsabilidades- soluciones y medidas efectivas para garantizar el cumplimiento de los objetivos de búsqueda, investigación, identificación, entrega de cuerpos y atención a víctimas, respetando siempre los derechos humanos, y combate de los altos índices de violencia que existen en el estado de Jalisco.