A fin de garantizar la seguridad de las mujeres al interior de las universidades del país, legisladores federales proponen obligar a las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, a contar con protocolos y mecanismos para prevenir, combatir y erradicar el acoso y hostigamiento sexual debidamente registrados ante la Secretaría de Educación Pública y avalados por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
Al fundamentar la iniciativa que pretende reformar el artículo 15 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso explicó que el Inmujeres deberá emitir los lineamientos y criterios mínimos, con base en los estándares y mejores prácticas internacionales, a los que deberán apegarse los protocolos y mecanismos referidos.
A nombre de las senadoras Geovanna Bañuelos, Nancy de la Sierra, Alejandra León y los senadores Joel Padilla y Miguel A. Lucero, la representante por Nayarit aseguró que es necesario establecer instrumentos de prevención del acoso sexual y sus sanciones en las escuelas.
Señaló que el movimiento #MeToo iniciado en Estados Unidos y replicado en nuestro país, reveló un sin número de casos de acoso sexual sufrido por mujeres en diferentes ámbitos de la vida.
En el caso de México, dijo, el movimiento tomó inercia y especial relevancia a través del hashtag #MeTooEscritoresMexicanos, el cual fue replicado por otros gremios como el periodístico, el cinematográfico, el político, el docente o académico y el activismo.
“Asimismo, surgieron cuentas relacionadas con distintas universidades, creadas por las propias alumnas o exalumnas, para invitar a sus compañeras a denunciar casos de acoso sexual y, sobre todo, para presionar a sus universidades para tomar las medidas necesarias a fin de prevenir, combatir y erradicar el acoso sexual de las instituciones de educación superior”, mencionó.
La legisladora por Nayarit, Cora Cecilia Pinedo, informó que de acuerdo con un estudio realizado a 40 universidades de todo el país por el Observatorio Nacional Para la Igualdad de Género en las Instituciones de Educación Superior (ONIGIES), los avances institucionales para erradicar la violencia de género son mínimos.
Y lamentó que los protocolos universitarios que actualmente existen en México, se hayan creado a partir de las redes de solidaridad que tejen las víctimas y no como parte de una estrategia de gobierno para garantizar la seguridad de las estudiantes.
“Esta situación no puede permanecer así, es necesario que el Estado mexicano intervenga para que se establezca la obligatoriedad de las instituciones de educación superior de contar con estos protocolos apegados a los estándares y mejores prácticas internacionales que garanticen y protejan los derechos de las víctimas”, enfatizó
Y que, efectivamente, prevengan y erradiquen estas prácticas que vulneran diversos derechos humanos de quienes sufren este tipo de violencia.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legisaltivos, Segunda, para su análisis y posterior dictamen.