La Cámara de Diputados aprobó con 403 votos, el dictamen que reforma el artículo 211 bis 1 del Código Penal Federal, para incrementar las penas impuestas al delito de acceso ilícito a sistemas y equipos de informática.
Se impondrá de dos a cinco años de prisión y de 300 a 600 días multa a quien sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad.
Con multa de seis meses a tres años de prisión y de 150 a 250 días multa, se castigará a quien conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad.
El documento enviado al Senado de la República precisa que durante los últimos años en América Latina, nueve de cada 10 bancos que operan en la región fueron sujetos de ataques cibernéticos.
La incidencia de este delito aumentó considerablemente, pues la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), informó que en 2018 hubo, al menos, cuatro millones de víctimas de fraude cibernético con pérdida de entre 8 mil y 10 mil millones de pesos como consecuencia de la comisión de este delito.
El diputado José Salvador Rosas Quintanilla (PAN) resaltó que hoy las tecnologías y los avances en materia de información digital controlan datos esenciales de la vida, ya sea personal, empresarial y gubernamental.
Mencionó que en el mundo digitalizado, día a día se observa que se han ampliado las posibilidades, pero también los riesgos y el cibercrimen en México se han propagado, “siendo el sector financiero el principal atacado y sus usuarios los afectados”.
Tan sólo en 2017, nueve de cada diez bancos que operan en América Latina estuvieron sujetos a ciberataques. En México, las instituciones públicas, privadas y usuarios particulares sufrieron un total de 19 millones de ataques, lo que posiciona a nuestro país como el primer lugar en Latinoamérica y el sexto en el ámbito global, por estos hechos.
Estos crímenes significaron una pérdida de aproximadamente 7 mil millones de dólares durante 2017, para usuarios, instituciones y gobierno, “lo que se reflejó en el aumento del 71 por ciento de las incidencias en esta actividad delictiva y afectó a cerca de 33 millones de personas”.
Rosas Quintanilla subrayó que es obligación del Poder Legislativo velar que las leyes sean adecuadas para combatir y prevenir los delitos, por ello es necesario replantear las medidas con las cuales puede ser abordado y combatido el problema.
Esta propuesta coadyuva con el trabajo del gobierno federal, en particular la Subsecretaría de Ciberseguridad, dependiente de la Secretaría de Gobernación.