La reciente ola delictiva, como el asalto a la joyería del centro comercial Antara en la Ciudad de México, evidencia la imperante necesidad de contar con una nueva Ley de Seguridad Privada en México, aseguró Gabriel Bernal Gómez, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP).
Consideró que la actual ley en la materia es ya obsoleta y es necesario una nueva legislación que brinde mejores atributos y permita una mayor eficacia, cobertura y coordinación para las empresas de seguridad.
Ante los hechos sucedidos recientemente en los que se han visto involucradas o señalado a empresas de seguridad privada, Bernal Gómez hizo hincapié en la necesidad imperante de contar con una ley general en la materia que rija de manera uniforme en todo el país.
Actualmente, comentó, las empresas de seguridad privada se enfrentan a la complejidad de obtener múltiples permisos para operar, como uno para trabajar en aeropuertos, otro para puertos, el Registro Público de Empresas de Seguridad (REPSE) y hasta 32 permisos estatales.
Incluso algunos municipios tienen sus propias leyes, creando un panorama fragmentado y contradictorio. "Es decir, alrededor de 70 a 80 permisos en todo el país para poder llevar a cabo su labor", precisó.
Por ello, el objetivo es contar con un solo permiso federal con mayores atribuciones, simplificando así la prestación de servicios en todo el país y mejorando la experiencia para los usuarios que contratan los servicios de esta importante industria.
El presidente de la AMESP, que agrupa actualmente a 241 empresas debidamente establecidas, destacó también que la urgencia de contar con una Ley de Seguridad Privada actualizada radica en la adaptación a los avances tecnológicos y a las circunstancias alarmantes de violencia e inseguridad que enfrentamos.
“Esta ley debe establecer requisitos claros, como capacitación y certificación del personal, uso de tecnología especializada y medidas de prevención y respuesta ante emergencias. Su promulgación es crucial para garantizar una protección más efectiva a las familias y a las organizaciones tanto públicas como privadas en todo el país. Sin embargo, resulta desconcertante que esta importante acción legislativa se encuentre actualmente en pausa en el Congreso de la Unión”.
Gabriel Bernal Gómez reconoció que la inseguridad en México es motivo de preocupación tanto a nivel nacional como en América Latina. No obstante el sector de la seguridad en México en general y la AMESP, en particular, están comprometidas diariamente en encontrar soluciones a largo plazo para abordar las problemáticas y garantizar la seguridad de los usuarios.
Además de cubrir el 92% de la seguridad en aeropuertos del país, las empresas de seguridad privada han experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. Entre 2010 y 2020, el número de empresas registradas aumentó un 92%, lo que refleja tanto la inseguridad como el desarrollo económico del país.
En AMESP consideramos, dijo Bernal Gómez, que la seguridad privada es una industria estratégica que está vinculada al desarrollo de los individuos, las organizaciones públicas y privadas, y el país en general. “La seguridad privada acompaña el crecimiento demográfico de las ciudades y la sociedad mexicana, brindando lealtad, valentía, desarrollos tecnológicos y profesionalismo para fomentar la creación y continuidad de negocios, infraestructuras y el bienestar de las familias mexicanas”.
El presidente de AMESP enfatizó que las empresas afiliadas a esta organización, contribuyen activamente a la creación de comunidades seguras y resilientes. “Trabajamos de cerca con las autoridades, colaboramos en la prevención de riesgos, protegemos a las personas y sus propiedades, e implementamos medidas de seguridad efectivas”.
Resaltó que la ciberseguridad y el robo al autotransporte son dos delitos que preocupan especialmente a la sociedad. Algunas empresas de seguridad están enfocadas en desarrollar soluciones en estas áreas, incluyendo tecnologías de inteligencia artificial.
Sin embargo, la colaboración con la Guardia Nacional en la seguridad de las carreteras se considera insuficiente, lo que lleva a los transportistas a invertir grandes cantidades de dinero en pago de seguros, escoltas, sistemas de monitoreo y blindaje de vehículos.