“Involucrados siguen presentes con influencia”
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reveló este lunes que la investigación oficial del caso del asesinato del candidato presidencial priísta en 1994 estuvo viciada de origen, lo que obliga a su revisión, a pesar de que las resistencias continúan porque los actores de aquellos hechos siguen presentes, y tienen influencia en la vida pública, política, económica y social.
El organismo emitió un comunicado que textualmente señala:
“A dos años del inicio de la gestión de la Mtra. Ma. del Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), continuamos con la transformación de este Organismo Autónomo, refrendando el compromiso a favor de las víctimas, y en general de la sociedad mexicana, a través del fortalecimiento de las actividades y áreas para la mejor protección y defensa de los derechos humanos.
Esta Comisión se transforma, al cambiar sustancialmente las prácticas heredadas, mejorando sus procedimientos internos y fortaleciendo el compromiso de su personal, proceso en el cual ha quedado demostrado que este organismo no solamente estaba coludido con las autoridades responsables de la procuración de justicia, sino también confundida en sus funciones.
Ejemplo claro de ello es la recomendación 48VG/2021, que es de interés nacional para corregir estas deficiencias tan obvias en las actuaciones de la CNDH en el pasado, porque deja en claro, más allá de que así sea la convicción de la mayoría de la opinión pública, con hechos y pruebas, que la investigación oficial del caso del asesinato del candidato presidencial en 1994 estuvo viciada de origen, lo que obliga a su revisión, a pesar de que las resistencias continúan porque los actores de aquellos hechos siguen presentes, y tienen influencia en la vida pública, política, económica y social.
La recomendación, documentada de una manera seria y responsable, sienta las bases para hacer una nueva y verdadera investigación para llegar al pleno esclarecimiento de los hechos, que permitan a las víctimas y a la sociedad mexicana acceder al derecho a la verdad y a la justicia.
Es relevante decir que durante estos dos años de gestión de Rosario Piedra Ibarra, las recomendaciones no solamente han sido sobre actuaciones del pasado que deben corregirse para reparar los daños cometidos por investigaciones a modo y erróneas, sino que se ha actuado en los casos de las violaciones a derechos humanos del presente, lo cual ha venido haciendo esta Comisión Nacional a través de medidas cautelares, recomendaciones y demás instrumentos con los que cuenta este organismo nacional para la defensa de los derechos humanos de todas y de todos.
La CNDH hoy cumple con su misión constitucional a plenitud, de la mano de las víctimas. Hace apenas unas semanas se emitió una nueva recomendación para el caso de Ernestina Ascencio, y otra recomendación sobre salud sexual en centros penitenciarios.
También se han emitido recomendaciones, como la 44VG/2021 por el secuestro de aproximadamente 95 personas en contexto de migración, y como la 74/2021 para que el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas realice indispensables mejoras para la evaluación de riesgos e impulse las reformas correspondientes en su marco regulatorio, además de crear un protocolo de atención inmediata, a fin de que se implementen medidas urgentes de protección, sin restricciones ni discriminación.
La administración actual de la CNDH recibió 508 recomendaciones sin cumplimiento al inicio de su gestión, el 16 de noviembre de 2019: entre otras, una de 2001 (de la “Guerra Sucia”), 6 de 2009, 35 de 2013, 75 de 2017, 86 de 2018 y 94 de 2019 (el 77.6% del total de recomendaciones emitidas ese año).
Están pendientes de cumplimiento, entre otras, las recomendaciones referentes a los hechos de San Fernando, Nochixtlán, Tlatlaya, e Iguala.
Aunado a lo anterior, a la fecha se tienen 164 recomendaciones en seguimiento emitidas en la actual gestión: 54 de ellas a autoridades federales por hechos sucedidos en el gobierno actual (35.2% del total de recomendaciones emitidas en la gestión actual).
Y se da puntual atención a la caravana migrante, se atienden los casos de violencia contra las y los periodistas, se apoya y acompaña a las colectivas de buscadoras, y se investigan y documentan todas las violaciones de derechos humanos que se dan en el marco de la actuación de las fiscalías y organismos dedicados a la procuración de justicia en el país.
En este contexto, la CNDH atrajo el caso del joven José Eduardo Ravelo, detenido en Mérida, Yucatán, por policías municipales que presuntamente violaron sus derechos humanos. Y lo que debe quedar claro es que en este, como en todos los casos que estamos abordando con responsabilidad, la Comisión Nacional reitera su compromiso con la sociedad y con la familia Ravelo Echavarría para que se haga justicia y se dé el total esclarecimiento de los hechos.
Hoy, la CNDH puede preciarse de su autonomía y de que por primera vez desde que fue creada, se ejercen plenamente sus atribuciones constitucionales. No hay solapamiento, no hay componendas. Se defiende al pueblo, y se le acompaña en la defensa de sus derechos. Esa es la transformación de fondo en que estamos comprometidos todas y todos quienes formamos parte de ella.
Hoy, la sociedad puede estar segura de que las recomendaciones de esta Comisión Nacional son objetivas e imparciales. Y que se tiene una total independencia del gobierno, de los partidos políticos y de cualquier poder económico, social o eclesiástico porque tenemos claro cuál es nuestra misión, y qué es lo que el pueblo espera de nosotros.
La CNDH está en lucha, de la mano de las víctimas, para empujar también iniciativas que garanticen la aceptación de las recomendaciones y que no dependan de la “buena voluntad” de las autoridades.
Y seguiremos por este camino, seguros de que de ese modo enaltecemos nuestro trabajo y, lo más importante, que estamos cumpliendo con el mandato del pueblo, respondiendo a sus demandas”.