¿Lo permitirá Morena?
Ante la falta de transparencia y los intentos de confundir sobre los acontecimientos en el caso de la ivermectina recetada a personas contagiadas de Covid-19 en la Ciudad de México, sin su consentimiento, por parte de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y funcionarios de su administración, es urgente juzgar la gravedad del asunto y evitar que esta falla ética se repita.
Por ello Salomón Chertorivski en representación de la Bancada Naranja, presentó una iniciativa para fortalecer las tareas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), para identificar y evaluar los riesgos a la salud que genere la implementación de políticas públicas.
Esta necesidad surge de la decisión de la Ciudad de México de repartir kits médicos que contenían ivermectina como una supuesta cura contra el COVID, a pesar de no ser avalada por ninguna autoridad médica. Este caso adolece de evidentes deficiencias éticas, jurídicas y técnicas, lo cual hace necesaria una solución.
“No solo distribuyeron sin autorización un medicamento inapropiado y peligroso: trataron de ocultar la gravedad de su error tras un estudio patito que, de haber sido tal, fue desarrollado sin advertir a los ciudadanos que estaban siendo parte de un ‘cuasiexperimento’. Además, esta intervención costó al erario 29 millones de pesos por la distribución de 196 mil kits”, puntualizó Chertorivski Woldenberg como integrante de la Comisión de Salud.
La ivermectina es un medicamento usado contra parásitos que no tiene autorización de la OMS, ni de la Secretaría de Salud, para el tratamiento médico contra el Covid19. Su distribución estuvo a cargo de la Agencia de Innovación Digital, no por autoridades sanitarias, a quienes se acusa de cometer una grave falta ética al no notificar a ningún participante de que formaba parte de un ensayo clínico.
Para finalizar, Chertorivsky señaló que los funcionarios relacionados con el tema deben renunciar o pedir licencia para que el caso sea evaluado por expertos independientes. “Como acostumbran, nuestros gobiernos actuales (federal y local) no sólo no reconocen el error, sino que asumen el papel de víctimas, cuando ellos mismos victimizaron a miles de capitalinos poniendo su recuperación en riesgo”.