¿De veras?
Las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, aprobaron un proyecto para que estados, municipios y sus entes públicos sólo puedan destinar hasta 0.15 por ciento, de los recursos que obtengan por financiamiento, para cubrir los gastos relacionados con la contratación de deuda pública, sin incluir aquellos costos asociados con honorarios por asesoría profesional, técnica, legal y financiera.
Las y los legisladores buscan que estados y municipios puedan contratar deuda al menor costo financiero, pero también asegurar que estos recursos se destinen en su mayor parte a inversiones públicas productivas, su reestructura o refinanciamiento.
Para ello, las comisiones que presiden el senador Alejandro Armenta Mier y la senadora Ana Lilia Rivera Rivera avalaron en su sesión del pasado 24 de marzo, con 19 votos a favor, seis en contra y una abstención, la minuta que envió la Cámara de Diputados para reformar la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
El proyecto incorpora al artículo 2 de este ordenamiento el concepto de gastos y costos relacionados con la contratación para precisar que son aquellos que estén relacionados con la celebración del Financiamiento, que, de manera enunciativa mas no limitativa, serán:
Comisiones de apertura, comisiones por disposición, comisiones por estructuración, costos por la contratación de calificadoras, de instrumentos derivados y garantías de pago, sin incluir honorarios por asesoría profesional, técnica, legal y financiera.
Además, establece que los entes públicos sólo pueden destinar hasta un 0.15 por ciento del monto de los financiamientos para cubrir los gastos y costos relacionados con la contratación.
En el dictamen se destaca que las entidades federativas, municipios y entes públicos no sólo deben tomar en consideración la tasa de interés que cobran las instituciones financieras, sino otros costos que son igualmente importantes y que muchas veces no son considerados en las ofertas, tales como: intereses ordinarios, comisiones, gastos, amortizaciones de principal, y cualquier otro cargo que debe pagarse al momento de contratar el crédito y durante su vigencia.
En el debate, el senador Luis David Ortíz Salinas, de Movimiento Ciudadano, reconoció que la intención de la reforma es “correcta”, pero reduce de manera drástica el porcentaje máximo para gastos relacionados con la contratación de la deuda, lo que podría provocar que se demerite el acceso a financiamiento de algunos estados o municipios.
La redacción de la definición -agregó-, es demasiado general y engloba conceptos “que tal vez no encajen en un mismo paquete”, pues limitar el gasto para las calificadoras puede demeritar la cantidad y calidad de las evaluaciones, lo cual es fundamental para prever una potencial afectación al sistema financiero.
Nuvia Mayorga Delgado, senadora del PRI, coincidió en que disminuir del 2.5 el porcentaje para cubrir los gastos por asesoría financiera, como actualmente lo establece el Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de las Entidades Federativas y Municipios, no garantizaría las mejores condiciones de mercado para contraer obligaciones de crédito público.
Por Acción Nacional, el senador Víctor Fuentes Solís dio su respaldo al dictamen pues, dijo, “ni siquiera se deberían pagar comisiones” para la contratación de deuda pública, ya que a través de los años “se ha abusado” de esta posibilidad; además, las entidades y municipios tienen que contar con personal interno suficiente para poder armar un expediente para solicitar algún crédito, sin necesidad de recurrir a asesoría legal externa.
Ovidio Peralta Suárez, senador de Morena, explicó que se trata de impedir que los recursos que sean contratados como deuda se destinen en un porcentaje mayor al autorizado para el pago de asesores legales y financieros. Recordó que, del 2006 a la fecha, la deuda subnacional ha crecido exponencialmente “y si no le ponemos un freno esto será insostenible para muchos estados”.
El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Alejandro Armenta Mier, afirmó que la gran mayoría de los municipios urbanos de nuestro país tienen capacidades para “armar” expedientes técnicos para contratar financiamiento público y buscar un punto de equilibrio entre el derecho que tienen los prestadores de servicios financieros, sin que esto signifique una carga para el municipio.
Además, la senadora del PRI, Claudia Edith Anaya Mota, anunció que presentará una reserva para justificar el porqué establecer sólo 0.15 por ciento del monto de los financiamientos para cubrir los gastos y costos relacionados con la contratación.