La Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y del Caribe del Senado mexicano condenó las políticas que criminalizan a los migrantes indocumentados, en particular, las medidas que buscan hacer más difícil su vida, incluidas las deportaciones masivas, la separación de familias, las redadas en centros educativos, laborales o religiosos, así como el trato denigrante en centros de detención.
En reunión virtual, los integrantes del órgano legislativo emitieron un pronunciamiento en torno a la situación de vulnerabilidad que sufren los migrantes latinoamericanos y caribeños en Estados Unidos.
En el documento, la comisión subrayó la importancia de defender los derechos humanos de estas personas, para que en todo momento sean respetados durante el proceso de su deportación, desde su detención hasta su regreso al país de origen, así como su derecho a un debido proceso, a la asistencia consular y a la protección contra cualquier tipo de trato inhumano o degradante.
Los legisladores recordaron que México siempre ha estado a favor de una migración ordenada, pero esto no implica cerrar los ojos ante el fenómeno que representa la movilización irregular de personas extranjeras, un reto que ha sido afrontado sin criminalizar a los migrantes, con diversas acciones conjuntas entre nuestro país y Estados Unidos.
Por ello, hicieron un llamado a los gobiernos de México y de Estados Unidos para que encuentren un punto de coincidencia que logre cesar ese tipo de políticas de deportaciones masivas en condiciones inhumanas, sustituyéndolas por una política basada en la cooperación, coordinación, el respeto entre las naciones y la observancia a los derechos humanos.
“Es imperante hacerle entender al presidente norteamericano que México es un país que siempre ha cooperado y que ha demostrado interés en dar solución a problemas conjuntos, como son el tráfico de drogas, de armas y de personas, entre otras”, señala el documento emitido.
Insistieron en que es necesario solicitar a ese gobierno el cese de esa política de criminalización al migrante, y les otorgue las garantías necesarias a esas personas extranjeras para que su retorno a sus países de origen se realice en condiciones de respeto a su dignidad humana.