Descubre la función pública
Las auditorías practicadas a la Comisión Nacional del Deporte permitieron descubrir que los directivos permitieron la contratación de entrenadores improvisados, sin experiencia y con título de administración de empresas, quienes eligieron a deportistas “chafas” sin ninguna garantía del rendimiento que exige la norma, con el pago de jugosos salarios a todos ellos.
Así lo reveló este miércoles la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, quien presidió la mañanera en Palacio Nacional. Y esto es lo que encontró la funcionaria en la segunda observación a la que está sujeta de aclarar la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara:
“Hay un daño patrimonial probable, importante porque se trata de una situación delicada, como ustedes pueden ver, en el que identificamos 21 entrenadores de alto rendimiento que tampoco cumplían con el perfil e incluso, más grave aún, no tenían experiencia en cada uno de los campos en donde los entrenadores tenían que tener reconocimiento público y por supuesto experiencia concreta de alto rendimiento.
“Por ejemplo, tenemos el caso de un administrador de empresas que no tenía ninguna experiencia previa en la enseñanza de un deporte específico de alto rendimiento y que fue dado de alta para coordinar e integrar un grupo interdisciplinario de deportistas; es decir, que quienes tenían la obligación de formar nuestros cuadros de alto nivel en materia de deporte, de impulsar a nuestros deportistas y atletas mexicanos no estaban a altura de su cargo. Y esto no es un caso, sino lamentablemente se repitió en 21 entrenadores, según lo que se desprende de la auditoría que presentamos.
“Esta cuestión que surge de nuestras auditorías, está práctica que identificamos a través de nuestros ejercicios de fiscalización, las auditorías en concreto, valió una observación que estima un posible daño patrimonial por casi siete millones, seis millones… bueno, seis millones 389 mil 905 pesos.
“Y en ese caso concreto, la Conade lamentablemente no ha presentado los documentos para solventar las observaciones. Por lo tanto, estamos ya en la Función Pública en el proceso de elaborar el informe de las posibles responsabilidades, y en el caso que se pueda configurar, también determinar las sanciones administrativas que correspondan”.