La Comisión de Cultura y Cinematografía, presidida por el diputado Carlos Francisco Ortiz Tejeda aprobó dos dictámenes. El primero propone aplicar sanciones más severas a quien destruya monumentos arqueológicos, y el segundo plantea promover programas de educación e investigación artística y cultural.
Asimismo, avaló una opinión para reconocer los derechos laborales de las y los artistas en México.
El primer dictamen fue avalado con 23 votos a favor, dos en contra y cero abstenciones, para adicionar y reformar los artículos 47, 48, 49, 50, 51, 53, 53 Bis y 55, de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos.
El objetivo es establecer penas más severas a quien realice trabajos materiales de exploración arqueológica, por excavación, remoción o por cualquier otro medio, en monumentos arqueológicos inmuebles o en zonas de monumentos arqueológicos, sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia. “Se le impondrá prisión de cinco a doce años y multa de mil quinientas a cinco mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) diaria vigente”, refiere en el artículo 47.
A su vez, el precepto 48 plantea que, al que valiéndose del cargo o comisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) o de la autorización otorgada por esta institución, para la ejecución de trabajos arqueológicos, disponga para sí o para otro de un monumento arqueológico mueble, se le impondrá prisión de cinco a doce años y multa de tres mil a seis mil veces la UMA diaria vigente.
Asimismo, en el artículo 49 plantea de “cinco a doce años y multa de dos mil quinientas a cinco mil veces la UMA diaria vigente”, a quien efectúe en cualquier acto traslativo de dominio de un monumento arqueológico mueble o comercie con él, y al que lo transporte, exhiba o reproduzca sin el permiso correspondiente.
De igual forma, en los artículos 50, 51, 53, 53 Bis y 55 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, propone penas y multas diversas a favor de preservar el patrimonio cultural del país. La diputada Inés Parra Juárez (Morena) propuso una reserva, que fue avalada en votación económica, con el propósito de incluir en los artículos 47 al 53, la palabra “diaria” luego “de 5 mil veces de la UMA”, a fin de que haya concordancia.
En el artículo 49, sugirió corregir la redacción para especificar el aumento en el monto de la multa propuesta en la reforma.
Al respecto, la diputada María Eugenia Hernández Pérez (Morena) señaló que este dictamen contiene cambios de la mayor relevancia, con el objetivo de fortalecer la preservación de nuestros monumentos arqueológicos. “Estamos a favor de que se apliquen sanciones más severas para inhibir la destrucción del acervo arqueológico de México”.
La diputada del PRD, Gabriela Sodi Miranda, pidió aclarar si la UMA tiene un mayor costo y valor que el salario mínimo, para conocer la homologación. Solicitó revisar bien y conocer el último costo de la UMA fuera del salario, que permita observarlo antes de aceptar una reserva.
El segundo dictamen, se acreditó con 21 votos a favor, uno en contra y una abstención, para reformar las fracciones VIII del artículo 12 y VIII del artículo 19, y adicionar la fracción IX del artículo 19 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales.
El precepto 12, fracción VIII, refiere la formación de audiencias, y programas de educación e investigación artística y cultural.
En el artículo 19, fracción VIII, instituye promover e impulsar la participación de la comunidad en la preservación de su cultura, y en la fracción IX, formular, impulsar y fortalecer programas de educación e investigación artística y cultural.
Por otra parte, las y los integrantes de la Comisión aprobaron con 22 votos a favor, la opinión referente a la iniciativa con proyecto de decreto, para reformar y adicionar diversas disposiciones de las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social, con la finalidad de regular los derechos de las y los trabajadores del arte y la cultura.
Lo anterior, que las políticas culturales contemporáneas aluden a las nociones incluyentes e interrelacionadas de “agentes culturales”, “ecosistemas culturales” y “economía creativa”, para abarcar la complejidad sistémica de los fenómenos culturales en la era digital.
La diputada de Morena, María Eugenia Hernández, se pronunció a favor de reivindicar los derechos laborales de las y los trabajadores de la cultura y el arte, sobre todo de quienes no tienen acceso a los grandes proyectos y escenarios artísticos. “Es una cuestión de justicia”.
Del mismo grupo parlamentario, el diputado Rafael Hernández Villalpando comentó que en esta materia nos habíamos tardado mucho tiempo en reconocer los derechos laborales de los trabajadores del arte, sin los cuales los artistas no podrían realizar a plenitud sus tareas.
También de Morena, la diputada Inés Parra Juárez sostuvo que esta iniciativa favorece a todos los trabajadores culturales en materia laboral, por lo que anunció su voto a favor.
El diputado presidente, Carlos Francisco Ortiz Tejeda se sumó a favor de la opinión en torno a esta propuesta, ya que se ha venido trabajando porque sea el cumplimiento de un derecho y gratitud que debemos tener todos a los trabajadores del arte y la cultura.
Del PVEM, la diputada Janine Patricia Quijano Tapia sostuvo que esta iniciativa y opinión son muy importantes para los artistas de México, porque hay muchas personas que cuando ya no pueden trabajar, quedan en el olvido, mueren solos y sin ninguna seguridad social, pese a que han representado el país, “por primera vez podemos ser escuchados y tener los mismos derechos que cualquier trabajador mexicano”.
Asimismo, la Comisión aprobó con 12 votos a favor, 11 en contra y cero abstenciones, la opinión relativa a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, concernientes a la inclusión del concepto “turismo cultural” y de la integración de la Secretaría de Cultura al tema turístico.
El documento refiere que, de acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, la adición de una fracción XIII al artículo séptimo de la Ley General de Turismo, tendría un impacto presupuestario por 71 millones 585 mil 772 pesos.
“Se observa que la Secretaría de Cultura desempeña funciones de apoyo al turismo cultural, por lo que dichas funciones serían compartidas con la Secretaría de Turismo. Se considera viable y sin ningún tipo de impacto presupuestal, incluir la participación de la Secretaría de Cultura como integrante del Comité Técnico del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, de acuerdo al artículo 45 de la ley en comento”, precisa.