La existencia de una banca central latinoamericana daría a la región la oportunidad de reducir drásticamente la fuga de capitales y los montos de liquidez que tienen los países en las naciones del norte, que podrían recuperarse y tener funcionalidades para la integración financiera de la zona.

“Esto es posible, deseable e imperativo; sin embargo, los obstáculos a derrotar son los grandes intereses de los megabancos”, afirmó Andrés Arauz, de la Facultad de Economía (FE) de la UNAM.

En la conferencia “Sistema de pagos, fuga de capitales e integración financiera regional en América Latina”, organizada por el Instituto de Investigaciones Económicas, señaló:

Cuando hablamos de la magnitud relativa de los depósitos de naciones latinoamericanas en bancos del exterior, explicó, hablamos de una gran cantidad de dinero que supera los 400 mil millones de dólares, de los cuales 150 mil millones corresponden al sector no financiero, según lo reportado en la estadística del Banco de Pagos Internacionales, con sede en Basilea, Suiza.

Ante ello, dijo, la alternativa es la integración financiera regional. Los europeos enfrentaban el mismo problema: tenían a Estados Unidos como principal contraparte para sus transacciones intraeuropeas; dijeron basta y crearon el sistema Target, que permitió hacer transacciones dentro de sus bancos centrales.

Y con el Target 2 fue posible que las operaciones se ejecuten directamente y sean compensadas y liquidadas en el Banco Central Europeo. De esa forma se fue reduciendo su dependencia de la transaccionalidad en Nueva York, y ganaron eficiencia, agilidad y márgenes de soberanía regional.

El experto abundó que, además, se debe tomar en cuenta que la mencionada estadística utiliza el concepto que se denomina la “contraparte inmediata”, es decir, si un chileno crea una empresa en las Islas Vírgenes Británicas y esa compañía deposita el dinero en una cuenta en Estados Unidos, quedará reportado que corresponde a esas y no a Chile.

Hay más depósitos y fuga de capitales correspondientes a nuestros países, pero usan estrategias mediante el uso de estructuras offshore –cuando una firma está ubicada en el extranjero y realiza operaciones que no están reguladas en el país de origen–, así lo han revelado los Panama papers, Pandora papers, etcétera, y todo eso queda fuera de la información estadística. “Y no se diga cuando el capital se fuga en formas no monetarias como arte, inmuebles, posesión de metálicos, entre otros”.

Andrés Arauz dijo que los latinoamericanos deciden esconder los capitales fugados en la Unión Americana, por la jerarquía monetaria internacional y porque hay legislación –como el “sigilo bancario”– que protege con secretismo a quienes depositan sus recursos.

Del total de fugados de América Latina, 60 por ciento está en el vecino país del norte; y de los no financieros, es decir, de personas, familias o empresas, 85 por ciento se ubica en este territorio.

“Así que cuando hablemos de fuga de capitales en el exterior, podemos pensar en Islas Caimán, Panamá u otras pequeñas islas caribeñas; no obstante, el grueso del problema está en Estados Unidos; por eso ese es el único país del mundo que se niega al intercambio de información financiera”.

Los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos acordaron intercambiar datos financieros para que puedan realizar controles tributarios, pero nuestros vecinos del norte no lo hacen; en cambio, obtienen referencias de dónde tienen depósitos sus ciudadanos en otras partes del planeta.

EUA ha reconocido la problemática. En 2016 la Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN, (Control de delitos financieros), designó a la ciudad de Miami como centro de lavado de dinero, y en 2019 el FBI abrió una oficina en esa ciudad porque se estableció que ahí había una desproporción en la corrupción y se ejecutaban delitos de “cuello blanco”.

En la asociación bancaria llamada Florida International Bankers Association están numerosos bancos latinoamericanos y también los megabancos mundiales. “En Miami se concentra buena parte de la transaccionalidad monetaria internacional de los países latinoamericanos”.

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