La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 491 votos, el dictamen que adiciona una fracción V Bis al artículo 71 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
La modificación planteada establece que las políticas y programas de movilidad deberán promover e impulsar la instalación y operación de cámaras de vigilancia, botones de pánico y sistemas de geolocalización en las unidades de transporte público.
Ello, a efecto de fortalecer y extender el alcance de las labores de vigilancia realizadas en los centros de monitoreo, a cargo de las instituciones de seguridad pública a nivel federal, local y municipal y, así, facilitar las acciones de atención inmediata e intervención oportuna de dichas autoridades ante la comisión de ilícitos
El documento, enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, señala que durante los últimos años la percepción de inseguridad en el transporte público se ha mantenido en altos niveles de manera constante como resultado de que la mayor parte de los usuarios o algún miembro de su familia han sido víctimas de algún delito durante sus trayectos.
Indica que la falta de mecanismos de vigilancia y respuesta rápida ante el delito afecta de manera agravada a sectores específicos de la población e impide el ejercicio de actividades importantes como lo es el acceso a la educación, salud y el trabajo.
Precisa que incorporar elementos de vigilancia y seguridad en el transporte público no es solo una medida que permite incidir directamente en los índices delictivos en el país, sino que supone la generación de mecanismos de protección que permiten el goce de los derechos de la población más vulnerable y que tiene la capacidad de generar bienestar para los sectores con mayores carencias en nuestro país.