Diputados, autoridades y especialistas reconocieron que la minería a cielo abierto es toxica, porque los daños no sólo son al ambiente sino a la salud, con lo que fundamentaron la importancia fortalecer la legislación en todos sus niveles, a fin de evitar lagunas jurídicas.
El diputado Carlos Alberto Valenzuela González (PAN) resaltó que su grupo parlamentario ha sido insistente en prohibir el fracking, dado que representa una práctica nociva y prohibida en 35 países. “Fue un error de la Reforma Energética y queremos dar marcha atrás a algo nocivo para el ambiente; está científicamente comprobado que le hace daño a la tierra y al habitad”.
En la presentación del libro “En defensa del patrimonio natural y cultural de Veracruz. El caso del proyecto de la mina La Paila, municipio de Alto Lucero, Veracruz”, consideró necesario revisar el artículo 6 de la Ley Minera, porque “si bien esta actividad es mala al medio ambiente, cuando se hace sin cuidado; también, debemos ser objetivos, ya que es un mal necesario”.
Por ello, dijo, se requieren leyes y criterios que eviten daños al ecosistema; ponerle un alto a la minería a cielo abierto y, desde esta Cámara, regular e incrementar los aranceles en esta actividad, pues en algunos casos, “son injustos y en otros abusivos”.
Del PRD, la diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora sostuvo que este libro es resultado de la lucha que dieron autoridades, académicos, población y asociaciones de la sociedad civil para que el proyecto de la mina La Paila no prospere.
Esta investigación, afirmó, servirá de referente y coadyuvará en la formación de conciencia sobre las graves implicaciones que existirían si un plan de esta naturaleza se aprobará, pues las afectaciones no sólo serían al medio ambiente sino a la salud de la población.
“Se sabe que la minera canadiense ha intentado, por lo menos en dos ocasiones, extraer minerales de la localidad. De ahí que la comunicación entre autoridades y la población deber ser constante. No podemos permitir que la extracción a cielo abierto sea implementada, más cuando las áreas poseen biodiversidad y zonas arqueológicas”.
Claudia Tello Espinosa, diputada de Morena, sostuvo que la lógica que plantea la apertura de las minas a cielo abierto, es capitalista, pues no le interesa que el desarrollo económico vaya por encima de la afectación al medio ambiente.
Mariana Aguilar López, secretaria de Medio Ambiente del gobierno de Veracruz y coordinadora del libro, expresó que esta obra es producto de un coloquio que permitió dar una opinión técnica de la inviabilidad del proyecto de la mina La Paila, municipio de Alto Lucero, Veracruz.
Indicó que en el estado se ha establecido una estrategia de articulación para atender los temas ambientales, coordinar competencias y dar soluciones a los problemas ambientales.
El director del Instituto de Ecología, Miguel Rubio Godoy sostuvo que al ser impulsores de política pública, se ha emprendido una serie de recomendaciones en esta materia, sin seguir el modelo de Estados Unidos.
La subdirectora de Análisis Político de la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados, Claudia Gamboa Montejano expresó que este libro representa un panorama micro de las afectaciones ambientales por la minería a cielo abierto, “las cuales serán difíciles de revertir, si no se emprenden acciones concretas”.
A su vez, diversos articulistas del libro externaron su preocupación por lo que establece el actual artículo 6 de la Ley Minera. Hicieron votos por modificar el 27 constitucional y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Mencionaron que sí se está en contra del fracking, lo que se tiene que hacer es prohibirlo por ley, como se hace en otras naciones. Pidieron impulsar un punto de acuerdo que exhorte a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, gobiernos estatales y municipales a no autorizar esta minería ni el cambio en el uso del suelo.
Sobre el libro, expusieron, se establecen elementos técnicos para la protección del patrimonio biocultural; da la valorización de los servicios ecosistémicos del sitio; manifiesta la responsabilidad que tiene el Estado en la protección haciendo uso del marco legal tanto a nivel federal como estatal, y afirma que esta zona tiene un valor ecológico inigualable.