La Comisión de Derechos Humanos, presidida por el diputado Rafael Ruiz Lustre, de Morena, avaló por unanimidad la Opinión al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, donde propone la reasignación de dos mil 260 millones de pesos.
Dicha propuesta tiene el propósito de incrementar el gasto transversal dirigido a grupos vulnerables, en educación, salud, desarrollo social, y subsidios a tarifas eléctricas.
En su Opinión, que será entregará a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la instancia legislativa destacó que la reasignación es necesaria, debido a que los recursos destinados a esta población muestran un decremento importante, poniéndola en desventaja.
El documento de la Opinión, resalta la necesidad de crear el Registro Nacional de Personas con Discapacidad, a fin de tener certeza del número de personas que se encuentran en esta condición, y definir políticas públicas que las atienda de forma integral.
Indica que el Programa Nacional de Becas registra una disminución cercana a los 5 mil 500 millones de pesos, debido a la falta de transparencia con que operaba. Por ello, la Comisión propuso reasignar una parte de esos recursos.
Respecto a la salud, resaltó que los programas de Formación y Capacitación de Recursos Humanos y de Estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, requiere también más presupuesto.
La Opinión resalta la importancia de crear el Fondo Nacional de Órtesis, Prótesis y Ayudas Técnicas, ya que el banco establecido en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD) es inoperante a nivel nacional; la responsabilidad recae de manera primordial en la Federación, para que atienda el problema en función de sus atribuciones.
En la actualidad, 19 estados cuentan en su legislación con alguna referencia a un banco de prótesis o una figura similar; únicamente dos tienen instituciones responsables de hacer realidad el mandato legal, pero no prestan el servicio a la ciudadanía.
La mayoría de las entidades federativas únicamente brindan apoyos para órtesis, prótesis y ayudas técnicas a personas de escasos recursos, de forma asistencial.
La población que requiere dicha atención y no accede a la asistencia pública, tampoco cuenta con financiamiento que le permita sufragar los gastos.