Una vez más llevan ante el presidente Andrés Manuel López Obrador un cochinero que se está dando en instituciones de la 4-T y ahora tocó el turno al desfalco millonario que sufrió el extinto Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, fraguado por Jorge Aurelio Ochoa, quien está incrustado en el Instituto Mexicano del Petróleo, donde también fragua otro millonario saqueo.
Así se lo plantearon en la mañanera del miércoles pasado: “Señor presidente, el Tribunal de Justicia Administrativa confirmó la responsabilidad resarcitoria, determinando un monto de 207 millones de pesos por desvío de recursos al funcionario Jorge Aurelio Ochoa, mediante los cuales se adquirieron los servicios de acervo digital y bibliográfico denominado Recursos digitales e impresos para bibliotecas públicas del extinto Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
“La preocupación para los trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo es que el mismo funcionario, Jorge Aurelio Ochoa, es actualmente el director de Finanzas y Administración de este instituto, quien junto con el líder sindical vitalicio Felipe Enrique Navarrete administran el plan de pensiones para el retiro de los trabajadores de este instituto y es una suma millonaria.
“La preocupación de los trabajadores es que no conocen las modificaciones y el saldo que ha sufrido el plan de pensiones y pues con tal adeudo del funcionario es legítima su preocupación.
“¿Podría, no sé, apoyarnos a lo mejor con la secretaria del Trabajo o la Función Pública para transparentar o que nos puedan ayudar a ver qué puede pasar con este recurso?”.
Ante este escenario, el presidente Andrés Manuel López Obrador le dio instrucciones a su jefe de prensa Jesús Ramírez Cuevas para que le pida a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, que los ayude y se informe.
Pero aclaró lo siguiente: “Como siempre, no hagamos juicios sumarios, vamos a esperar, no se puede culpar a nadie si no hay pruebas, si no se tienen elementos.
“Desde luego, tenemos que garantizar el derecho a la libre manifestación de las ideas, la libertad de expresión, pero cuando se trata de acusaciones de desvíos de fondos, de corrupción, pues eso tiene que ser de acuerdo a un procedimiento judicial”.