La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 32/2021, al director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez Pineda, por no aceptar una propuesta de conciliación en el caso de una persona despedida de su trabajo en la Subdirección de Aseguramiento de la Salud de la Dirección Normativa de Prospectiva y Planeación Institucional de ese organismo.
La víctima presentó ante esta Comisión Nacional una queja, refiriendo que en 2013 ingresó a laborar en el ISSSTE y posteriormente se le adscribió a la Subdirección de Aseguramiento de la Salud de la Dirección Normativa de Prospectiva y Planeación Institucional, donde desempeñaba funciones secretariales; sin embargo, el 14 de febrero del 2020, el jefe de Departamento de Recursos Humanos de dicha dirección le comunicó verbalmente que estaba despedida.
Con fundamento en sus atribuciones legales, en marzo pasado la CNDH dirigió una propuesta de conciliación, misma que no fue aceptada por el ISSSTE, por lo que, una vez analizado el expediente de queja y las evidencias, se concluyó que en dicho caso se vulneraron los derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica y al debido proceso de la víctima.
La Comisión determinó que personal del ISSSTE incurrió en responsabilidad institucional al incumplir lo dispuesto en los Lineamientos para el levantamiento de actas administrativas, aplicación de sanciones y elaboración de avisos de rescisión, a efecto de dar por terminada una relación laboral con la persona afectada.
Dichos lineamientos forman parte de la normatividad vigente, por lo que su observancia es obligatoria y su cumplimiento no puede quedar supeditado a la voluntad o discrecionalidad de las personas servidoras públicas involucradas; por el contrario, se deben acatar, atendiendo la obligación de salvaguardar los principios de disciplina, objetividad, profesionalismo, lealtad e integridad.
Por lo anterior, la CNDH solicita al director general del ISSSTE reparar el daño ocasionado a la víctima e inscribirla en el Registro Nacional de Víctimas para que se le otorguen las medidas de ayuda, asistencia, atención y acceso a la justicia previstas en la ley, además de colaborar en la queja que por lo ocurrido se presente ante el Órgano Interno de Control en ese Instituto.
Asimismo, deberá impartir, en el plazo de tres meses, un curso de capacitación sobre el derecho a la legalidad, seguridad jurídica y al debido proceso, dirigido al personal adscrito al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y designar a una persona servidora pública de alto nivel de decisión para dar seguimiento al cumplimiento de la presente Recomendación.
La Recomendación 32/2021 ya fue debidamente notificada a su destinatario y puede consultarse en la página web cndh.org.mx.