Las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Economía (SE) deben coordinarse con los gobernadores de los estados de la frontera norte, para que se implemente un programa de regularización definitiva de vehículos usados de procedencia extranjera.
El objetivo es proteger el patrimonio de los mexicanos y evitar que los automotores sean utilizados para actos delictivos, añadió la legisladora en un punto de acuerdo que presentó en la Permanente y analiza la Tercera Comisión.
Indicó que las dificultades administrativas para la importación definitiva de vehículos y la gran diferencia entre el valor efectivamente pagado y el que la SCHP asigna para determinar los impuestos y derechos de importación, generan que esta adquisición no se realice en los términos que marca la ley, por lo que actualmente en la región circula gran cantidad de carros que ingresaron al país de forma irregular.
Mencionó que esta situación ha provocado que no se tenga un registro o padrón que señale la cantidad de dichos vehículos circulando en la región o franja fronteriza.
Además, carecen de placas o de algún tipo de registro que permita su identificación o la de su propietario, “situación que genera que se puedan utilizar en la comisión de actos delictivos, aumentando los problemas para brindar efectiva seguridad pública”.
Resaltó que al encontrarse dentro del territorio nacional, de manera irregular, no cuentan con seguro de daños o responsabilidad civil y se desconoce si cumplen o no con las normas en materia ambiental vigentes.
Sánchez Arredondo puntualizó que por esta situación el Estado mexicano ha dejado de percibir ingresos por concepto de importación, registro vehicular, emplacamiento y verificación vehicular, entre otros trámites.
De igual modo, al carecer los propietarios de certeza jurídica en relación con sus automóviles, se generan condiciones para actos de corrupción por parte de las autoridades, “ya que ante el miedo de perder su patrimonio son susceptibles de extorsiones y abusos, y se vuelven más vulnerables a ser víctimas de fraudes por parte de asociaciones que venden gestorías para la supuesta regularización”, la cual carece de valor jurídico ante la autoridad.
Recordó que para la importación definitiva de los automotores, existen diversos instrumentos jurídicos que la regulan, como son la Ley Aduanera, las Reglas Generales de Comercio Exterior y el “Decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados”, publicado el 1 de julio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, cuya vigencia se ha prorrogado en distintas ocasiones, siendo la más reciente el del 26 de diciembre del 2016, la cual se amplió hasta el 31 de marzo de 2019.
Mencionó que el costo para realizar la importación de dichos vehículos usados está compuesto por los impuestos General de Importación y al Valor Agregado, el Derecho de Trámite Aduanero, los costos de prevalidación y los honorarios del agente aduanal que realiza el trámite, entre otros.