La diputada Lorena Villavicencio Ayala afirmó que para que el sistema penal funcione de manera eficaz, es necesario generar un parlamento abierto donde especialistas y académicos se involucren para fortalecer el modelo de impartición de justicia.
Durante el foro “Los derechos humanos en la propuesta a la reforma del Sistema Penal en México”, la legisladora indicó que hay preocupación por quienes creen firmemente en la tutela y garantía de los derechos humanos, al considerar que algunas reformas propuestas buscan ampliar la capacidad punitiva del Estado.
Apuntó que el parlamento abierto permitirá conocer la opinión de los especialistas y académicos sobre si la Ley de Extinción de Dominio, de facturas falsas y las reformas al artículo 19 de la Constitución han logrado fortalecer al Sistema Penal Acusatorio.
Además, harán posible identificar cuáles son los retos en el combate a la impunidad, y cómo garantizar los derechos humanos de la víctima sin que esto vulnere la impartición de justicia.
Preguntó a los especialistas que acudieron a este foro si las reformas en la materia son violatorias de los derechos humanos, y si cumplen con el propósito de combatir y desmantelar a la delincuencia institucionalizada.
Asimismo, solicitó la opinión de los especialistas sobre la viabilidad de eliminar las garantías de quienes afectan la capacidad recaudatoria del Estado y respecto al principio de presunción de inocencia y el arraigo.
Elba Jiménez Solares, especialista en derechos humanos, mencionó que hay reformas que se pueden modificar con el objetivo de conformar un Sistema de Justicia Penal diferente y evitar la llamada “puerta giratoria”, es decir, cuando entra una persona detenida y al ser presentada, el Ministerio Público o un juez la dejan en libertad por falta de pruebas. También refirió que cuando se abusa de la figura del arraigo se convierte en un detonante para torturar a los detenidos.
En su participación, Erik Rauda, también estudiosa del derecho, advirtió que en la actualidad se vive una crisis de impunidad. Mencionó que es necesario una reforma al Código Nacional de Procedentitos Penales, pero no una contrarreforma porque sería una regresión a sistemas violatorios. Apuntó que hay un error en la implementación de la denuncia porque de cada diez delitos cometidos nueve no son denunciados, y “las cifras de impunidad son muy altas”.
Gonzalo Levi Obregón Salinas, integrante del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del estado de México (Codhem), expresó que lo que se plantea es la posibilidad de defenderse mediante la tecnología del derecho y de la ciencia jurídica. “No hay que pensar que es una herramienta que sirve para someter, pues la creamos nosotros para cumplir nuestras necesidades. La finalidad es buscar la verdad de los procesos, no el procedimiento; lo importante es el derecho humano a la verdad”.
El integrante del Sistema Nacional de Investigadores de la Universidad de Guanajuato, Leandro Eduardo Astrain Bañuelos aseveró que la impunidad no se debe al sistema acusatorio; no se ha sabido implantar ni socializar, además de que se ha lucrado con la ignorancia. “Es totalmente ajeno a nuestra realidad; hay más capacitadores que capacitados. Tenemos la obligación de hacer un pronunciamiento sobre la conformación de tribunales especializados para juzgar a los jueces designados por el Senado de la República, la supresión de los jueces de control, la valoración de la prueba ilícita y la legitimidad del arraigo”.
Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria, investigadora en el área del derecho mencionó que la reforma sobre la presunción de inocencia va más allá de que no se pueda denunciar; además, atentaría contra los disidentes políticos, es decir, “estamos ante un gran peligro jurídico”.