El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, resaltó la gran coincidencia de todos los involucrados para llegar a una reforma en materia de justicia laboral, con el propósito de proteger a las y los trabajadores.
En la segunda mesa de trabajo “Derecho colectivo”, de las Audiencias Públicas sobre la reforma laboral, el legislador dijo que “se busca construir lo mejor para el país y, por ejemplo, en el tema de presupuestos, podemos corregir”
Destacó la importancia de garantizar la salud de la población para que accedan a la educación y después rindan en los centros de trabajo; “hay que ver cómo saldrán adelante presupuestalmente instituciones como el ISSSTE y el IMSS”.
Planteó generar una reunión de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Seguridad Social y de Salud, con los directores de esos institutos, así como con sus dirigentes sindicales, a fin de ver de dónde obtener recursos para garantizar los derechos fundamentales a la ciudadanía.
La diputada Anita Sánchez Castro (Morena) destacó que la iniciativa aborda temas como el derecho a la asociación y negociación colectiva; voto secreto y democracia sindical; transparencia y rendición de cuentas en los sindicatos, y contratación colectiva.
Resaltó que se busca terminar con los rezagos en materia laboral y que “ya hay un plan de trabajo para que, aproximadamente en un año, empiecen a operar algunos tribunales en esta materia. Es una reforma que debe votarse en este periodo de sesiones, por las injusticias para los trabajadores”.
Sobre las juntas de conciliación locales, precisó que tendrán una pausa que se estipula en los artículos transitorios de la propuesta; sin embargo, es algo que todavía se está analizando.
La diputada Mónica Bautista Rodríguez (PRD) aseguró que la reforma laboral debe ser profunda y no de simulación, sino por el bien del país y de la clase trabajadora.
Un punto relevante, subrayó, es terminar con la figura del outsourcing, porque quienes son contratados bajo ese esquema no tienen prestaciones ni derechos; además, el 70 por ciento de personas que trabajan de este modo son mujeres.
La diputada Margarita García García (PT) subrayó que las bases trabajadoras alzan la voz y piden transparencia y rendición de cuentas sobre sus sindicatos; un tema relevante es acabar con el outsourcing, empezando por los trabajadores de la Cámara de Diputados.
Dijo que también es importante impulsar la equidad de género en los gremios sindicales, porque se habla de paridad, “pero no vemos a representantes mujeres ocupando cargos que se han ganado”.
“Hay organizaciones sindicales que se ponen de acuerdo con el gobierno para afectar a los trabajadores, por eso es importante impulsar esta reforma”, añadió.
Olegaria Carrazco Macías, diputada de Morena, precisó que los contratos colectivos tienen más de 80 años y en algún tiempo hubo respeto para trabajadores, pero ahora hay discriminación y golpeteo por parte de quienes han estado al frente de los sindicatos.
Sostuvo que “a los organismos sindicales los rebasó la corrupción y la complicidad pasiva, porque había que agacharse ante los que tenían el poder en sus manos. Requerimos un país con sindicatos justos, que defiendan a los trabajadores”.
Consideró que esta legislatura tiene que hacer las cosas bien porque la gente está pidiendo resultados. “Nosotros llevamos seis meses trabajando y hemos hecho más que en los últimos 30 años”.
También de Morena, el diputado Manuel Gómez Ventura señaló la necesidad de explicar a los trabajadores qué es el sindicato, los contratos colectivos y sus derechos como agremiados.
El secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Isaías González Cuevas, hizo votos por que los legisladores integren un dictamen a favor de los trabajadores. “Para nosotros es muy relevante la democracia sindical y que la elección de las mesas directivas sea a través de voto secreto, porque es la manera en que se representa a las y los empleados”.
Estimó que en las reformas que se plantean se observan procedimientos sobrerregulados, por ejemplo, en el artículo 371 o 387, en el cual se condiciona la validez de un contrato colectivo de trabajo. En el artículo 390 bis, comentó, también se retrasa el derecho de huelga.
Por su parte, Francisco Hernández Juárez, dirigente del sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, sostuvo que los nuevos tiempos de cambio reflejan la inconformidad y el ya basta de los mexicanos a través del reciente proceso electoral.
Reconoció que mientras el país tiene procesos democráticos consistentes, en el mundo del trabajo se vive en el pasado con el corporativismo, el clientelismo y con los derechos de los mexicanos absolutamente limitados.
Dijo que la Reforma Laboral más importante de los últimos años se hizo en 2017, sin embargo, reconoció que se está regateando a los trabajadores la modernización y la democratización: “si no cumplimos de acuerdo al tratado comercial y si no cumplimos con la reforma constitucional y con los preceptos de libertad, democracia voto universal y secreto, derecho de huelga, estaremos dorándole la píldora a los trabajadores y se van a cansar de tanta promesa” advirtió.
El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), Agustín Rodríguez Fuentes, afirmó que la clave para una verdadera transformación en materia sindical es generar las condiciones para que los trabajadores manejen sus organizaciones. “El voto personal y en secreto para elegir a sus dirigencias son una simulación si no se acompaña del sufragio en urna; sin embargo, en el 90 por ciento de sindicatos no sucede así”.
Se pronunció por desaparecer la figura del outsourcing, porque representa la peor marginación laboral en donde sólo gana la compañía. Agregó que no hay prestaciones de ningún tipo, por lo que tiene que definirse en la ley un contrato por obra y temporalidad.
El secretario general de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), Rodolfo González Guzmán, señaló que según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es un país donde sus trabajadores laboran más de 8 horas, además de que ocupa el último lugar en nivel de salarios.
“El outsourcing, por ejemplo, es una figura anticonstitucional que vulnera los derechos humanos y seguridad del trabajador. Además, se deben reformar impuestos que pagan los empleados por tiempos extra y prestaciones sociales; han sido rebasadas condiciones de los empleados, y el avance de la economía también ha precarizado las condiciones”.
El coordinador jurídico del Comité Nacional de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Ángel Celorio Guevara, resaltó la creación del centro de conciliación, porque velará por la justicia para los trabajadores y sus contratos colectivos, aunque en concordancia con los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), está impedido para verificar el cumplimiento de los requisitos de las organizaciones en su registro.
Señaló dos puntos importantes que consideró no se deben tomar en cuenta para la reforma laboral: la derogación de la prohibición para que extranjeros puedan formar parte de sindicatos; no debe ser procedente por el bien del país. Tampoco debe retomarse la exclusión por ingreso, ya que va en contra del convenio 98 de OIT, que vela por el respeto de la libertad sindical.
El secretario de Asuntos Legales de la Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, Óscar Alzaga, estimó que existe consenso para obtener una reforma laboral, pero se tiene que fortalecer. “Nos preocupa cuándo entraría en vigor, porque la mejor forma de mantener al margen a los trabajadores es fomentar la ignorancia de sus derechos. Tenemos que construir un nuevo sindicalismo a partir de los empleados”.
Aseguró que en la pasada administración hubo reformas regresivas que incumplieron la Constitución. “Es importante reestablecer la jerarquía de la Carta Magna y los tratados internacionales en el ámbito laboral; además, avalar el derecho a la huelga sin la participación de los patrones en los sindicatos”. Estimó que “el outsourcing es un cáncer para el sindicalismo mexicano; es una medida regresiva que atenta contra los derechos sindicales y favorece el eventualismo que niega un proyecto de vida a los trabajadores y sus familias”.
Ismael Cruz López, catedrático del Instituto Nacional de Estudios Sindicales y Administración Pública de la FSTSE, aseguró que el parlamento abierto ayudará a enriquecer la reforma laboral en materia de justicia, un pendiente aprobado desde 2017, con el fin de adecuar el marco legal.
Hizo un llamado al Congreso para que una vez validadas las reformas laborales no se transgreda el marco constitucional, y evitar una oleada de amparos por la violación a la Carta Magna. “Tenemos que ser congruentes con lo que se apruebe. Es necesaria la protección de los trabajadores y defenderlos con responsabilidad y respetando sus derechos laborales, económicos, políticos y culturales. La libertad sindical forma parte de los llamados derechos humanos laborales reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo”.
En su oportunidad, Rafael Olivos Hernández, en representación de Arturo Olivares Cerda, Secretario del Trabajo del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, se congratuló porque la reforma se adecue a las nuevas realidades del mercado laboral. Son temas torales: la libertad de asociación, sindical y de negociación colectiva.
“El derecho de los trabajadores y de los empleadores de constituir organizaciones independientes es parte fundamental de la negociación colectiva y el diálogo social”, subrayó.
Por su parte, Erick Ricardo Osorno Medina, Secretario de Organización de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Capem), se pronunció por un sindicalismo moderno, transparente y democrático.
Este ejercicio del parlamento abierto, dijo, ayuda a debatir con transparencia la reforma laboral, “por fin después de décadas de abandono, se atienden las causas de los trabajadores, ahora sí se le atiende con seriedad”.
Reconoció que uno de los pilares del desarrollo económico es la construcción de una política laboral que proteja y garantice los derechos sindicales y colectivos.
Esta propuesta de reforma laboral que se presenta es la más importante en décadas, por su profundidad y alcance, ya que se reforman más de 100 artículos.
El presidente del Sindicato de Empleados y Trabajadores, Agentes de Ventas de Almacén, Tiendas de Autoservicio, Artesanías, Oficinas Particulares del Comercio en Particular, Similares y Conexos de la Ciudad de México, Alejandro Velázquez Méndez, dijo que los convenios internacionales sustentan a los sindicatos y su libertad; por ello, no se puede atentar contra ese derecho gremial.
Agregó que la reforma en materia laboral “no debe manejarse con carácter político o sindical, sino desde una perspectiva jurídica, porque es un principio fundamental de los trabajadores”.
El secretario del Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Educación de Veracruz, Néstor Enrique Gómez, subrayó que las organizaciones sindicales son la unión de los trabajadores empoderados y que les permiten estar a la altura del patrón.
Estimó que el centro de conciliación propuesto es un modo de control sindical total. Pidió que “la autoridad no se meta en nuestros estatutos y en elecciones de comités directivos de los sindicatos. Agregó que el transitorio 11 de la iniciativa planteada desconoce contratos colectivos registrados”.
El secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, Rafael Díaz Covarrubias, destacó que la impartición de justicia estará en manos de tribunales laborales dependientes del Poder Judicial. “Ya no se impondrá la voluntad del Ejecutivo local o federal”.
Busca hacer realidad una negociación colectiva en la que los trabajadores intervengan mediante su voto personal, libre y secreto, sobre la decisión de su dirigencia sindical y la firma del contrato colectivo de trabajo.
Por su parte, Juan Olivo Hernández, representante de los trabajadores petroleros rescindidos, aseguró que las lagunas de la ley derivadas de la imprecisión legislativa provocarán la manipulación de la ley y sus diversas interpretaciones que se le puedan dar, según sea el interés de quien esté en el poder.
Es por eso, dijo, que presentamos una propuesta para modificar el artículo 371 a la Ley Federal del Trabajo y el 123 fracción 22 bis, que hablan exclusivamente sobre la democracia sindical y que en definitiva se hace impostergable.