Para tipificar el delito de represión y castigarlo con pena de uno a cinco años de prisión y multa de 50 hasta 150 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), así como la destitución del empleo, cargo o comisión y la inhabilitación de uno a tres años para desempeñar cargo o comisión pública, la diputada Andrea Chávez Treviño planteó adicionar el artículo 149 Quáter al Código Penal Federal.
El documento, enviado a la Comisión de Justicia, precisa que “comete el delito de represión cualquier corporación policial o de las Fuerzas Armadas que haga uso de la fuerza pública y con ello ejerza algún tipo de violencia en contra de cualquier persona que se encuentre manifestándose en cualquiera de sus formas, libre y pacíficamente”.
También, añade, “el servidor público que a cargo de la procuración y administración de justicia ejerza sus actividades de forma negligente o arbitraria con la intención de reprimir actuaciones sociales”.
En los considerandos, destaca la necesidad de crear un marco jurídico que garantice el cumplimiento y respeto a los derechos humanos, terminar con detenciones arbitrarias e injustificadas y poner fin a la violencia contra quien se manifieste libremente.
Como país, añade, se requiere avanzar en regulaciones sobre el accionar de las autoridades encargadas de impartir justicia, en especial sobre el uso de la fuerza y de la actuación policial en contextos específicos de protesta. Es esencial que la facultad de detención se ejerza con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos, respetando en todo momento la intimidad, libertad de expresión y las debidas garantías procesales.
Señala que el objetivo de la represión no es otro más que el impedir que un grupo de personas coaccionen los derechos de otros sujetos o incurran en prácticas ilegales.
“El uso de la represión busca dar ejemplo en la disuasión de la protesta o sublevación de las clases oprimidas, y las autoridades durante largo tiempo no sólo han impedido que aquellos a los que reprimen violen la ley, sino también logran que el resto de la sociedad se reprima a sí misma y no limite los comportamientos reprimidos”.
Precisa que el Estado mexicano, frente a las acciones organizadas de protesta social, ha respondido de forma represiva bajo modalidades como el cierre de los espacios de diálogo, represión policial y descalificación de quienes se manifiestan y protestan.