*La titular del Conapred se debe poner a trabajar
Como al 23.3 por ciento de la población se le ha negado injustificadamente en los últimos cinco años ejercer diversos derechos, por lo que Conapred debe implementar y difundir estrategias para prevenir y eliminar la discriminación.
Estos ciudadanos han dejado de recibir apoyos de programas sociales, atención médica o algún crédito de vivienda, y se les ha impedido la entrada en algún negocio, centro comercial o banco, solo por su apariencia, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2017, realizada del 21 de agosto al 13 de octubre de 2017, cuyo objetivo fue conocer la magnitud de esa conducta y sus manifestaciones en la vida cotidiana.
Por ello presenté un punto de acuerdo en la Comisión Permanente, pues la discriminación es uno de los problemas más alarmantes que viven millones de mexicanos en pleno siglo XXI, al traducirse en rechazo o desprecio por sus características físicas, forma de vida, origen étnico, sexo, edad, discapacidad, condición social, religión, preferencias sexuales o estado civil.
Esa práctica origina también violencia, conflictos emocionales y en casos extremos la pérdida de la vida. Es una situación alarmante que presenta nuestro país, porque existe una carencia de valores y de sensibilidad en la sociedad actualmente, pero también hay autoridades cómplices que no implementan medidas para solucionar tan grave problemática.
Llamo a fortalecer una educación de inclusión, principios y valores en las familias mexicanas, así como en las instituciones educativas, para que los ciudadanos sean más sensibles ante tanta exclusión.
La propuesta, turnada a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para dictamen, destaca que cuatro de cada 10 indígenas sufren discriminación por su origen étnico; 58.3 por ciento de las personas con discapacidad por su condición, y 41.7 por ciento, debido a sus creencias religiosas.
El Conapred tiene que intensificar sus acciones para que toda persona goce de sus derechos y libertades, a fin de prevenir y eliminar la discriminación en México.
Es prioritario que esa institución despliegue estrategias concretas e inmediatas, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, para prevenir y frenar ese fenómeno.
El 20.2 por ciento de la población de 18 años y más ha sufrido discriminación, debido a su forma de vestir, peso, estatura, edad y creencias religiosas, como los principales motivos que la originan.
Los cinco estados de la República con más alta prevalencia de este problema son Puebla, Colima, Guerrero, Oaxaca y Morelos.
De la incidencia de conductas discriminatorias, resaltan el impedir el acceso a la educación pública o privada por tener una discapacidad, la nacionalidad o credo religioso; prohibir la libre elección de empleo o restringir las oportunidades de acceso, permanencia y ascenso en el mismo, a causa de la corta o avanzada edad.
Asimismo, establecer diferencias en los salarios, las prestaciones y las condiciones laborales para trabajos iguales, como puede ocurrir con las mujeres; negar o limitar información sobre derechos reproductivos o impedir la libre determinación del número y espaciamiento de los hijos.
También, negar o condicionar los servicios de atención médica o impedir al paciente la participación en las decisiones sobre su tratamiento terapéutico; imposibilitar la colaboración, en condiciones equitativas, en asociaciones civiles, políticas o de cualquier otra índole, a causa de una discapacidad, y obstaculizar o condicionar el acceso a cargos públicos por el sexo u origen étnico.
Es necesario erradicar las barreras de la discriminación que generan desigualdad en la población, ya que todos los mexicanos tienen los mismos derechos y oportunidades. Sólo así se construirá un país incluyente, que sume las capacidades de todos los ciudadanos.