*Condena a la omisión del Estado en el caso Ayotzinapa
El crimen de Ayotzinapa sí es un crimen de Estado en tanto las instituciones de procuración y justicia han sido incapaces de esclarecer los hechos, de juzgar a los responsables directos y a las autoridades cómplices por omisión.
Con relación al encubrimiento de los acontecimientos por parte del gobierno, resalto que el Gobierno Federal incurrió, toleró y encubrió actos de tortura, de acuerdo con un reporte de la oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Debe recordarse que la llamada ‘verdad histórica’ que este gobierno presentó, ha sido cuestionada por expertos forenses y en derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, y que para la fecha de publicación de dicho reporte solo se habían identificado de manera definitiva los restos de un estudiante.
Hemos exigido desde hace más de tres años conocer la verdad y que se investigue el caso, a través de diversas iniciativas presentadas en la Cámara de Diputados, como la iniciativa que permitiría la creación de la Comisión de La Verdad para Ayotzinapa o la petición formal para que se hizo al poder legislativo para que recibiera a los padres de los 43 y tuvieran voz ante el pleno de la Cámara de Diputados.
También se han incluido algunas que fueron retomadas por organismos nacionales e internacionales, como instar al Gobierno Federal a crear una comisión especial de investigación, luego de los 200 recursos legales que interpuso el gobierno federal para evitar su creación.
Pese a la “verdad histórica”, creada por la actual administración, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas instó a las autoridades mexicanas a “garantizar que continúe la búsqueda de la verdad y la justicia con respecto a Ayotzinapa, y también que los responsables de la tortura y otras violaciones de los derechos humanos rindan cuentas.
La prensa internacional ha calificado este evento como la peor crisis del gobierno del presidente Peña Nieto, por los nulos resultados de la investigación que se condujo por parte de la PGR, así como como por la falta de acciones para conocer la verdad y reparar el daño.