La magistrada y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Aralí Soto Fregoso, Felipe de la Mata Pizaña y José Luis Vargas Valdez, aseguraron que es fundamental seguir reforzando los mecanismos que permitan fortalecer el esquema de justicia abierta en este órgano jurisdiccional, a fin de que su trabajo y su actuación sea más transparente ante la ciudadanía.
La magistrada Soto Fregoso subrayó que a todos les queda claro que ya no es suficiente sólo hablar de transparencia, sino que hay que ir evolucionando a la demanda de lo que la sociedad requiere de sus autoridades y de sus instituciones para alcanzar la justicia abierta.
Al moderar los trabajos del Foro “Transparencia y rendición de cuentas, retos para una justicia abierta electoral”, que se llevó a cabo en La Paz, Baja California Sur, indicó que un punto clave en este tema es establecer los mecanismos que permitan empoderar a la sociedad y garantizar que esté segura de que su voz va a ser escuchada y que las instituciones y autoridades atenderán sus demandas.
“Hay que trabajar también en este cambio de paradigma, en donde necesitamos no verlo como una confrontación entre sociedad e instituciones, o sea, las instituciones también son necesarias y deben existir para el fortalecimiento del Estado de Derecho, y todo el Estado de Derecho es obviamente para generar un Estado de una sociedad democrática y de un bienestar de la sociedad en general”, subrayó Soto Fregoso.
En su oportunidad, el magistrado Vargas Valdez, señaló que, como juzgadores, deben entender que el punto principal de la justicia abierta es que la ciudadanía tenga acceso a la justicia, porque si no se empieza con ello no puede haber esa justicia abierta. Por ello, desde que inició la actual integración, en el TEPJF se ha trabajado profundamente en lo que tiene que ver con impulsar sentencias claras, breves y en un lenguaje evidentemente ciudadano.
El magistrado del TEPJF informó que se debe ejercer las prácticas de transparencia en la labor cotidiana, y que, incluso, las audiencias que se llevan con las partes, así como las sesiones privadas, deben tener un grado de publicidad.
“De ahí que yo he propuesto y estoy trabajando con mis compañeros para que nuestras audiencias en las cuales acuden las partes, sean absolutamente públicas, puedan ser incluso videograbadas, puedan estar las dos partes, si gustan, y todo mundo pueda ver qué le dijeron al juez y que del juez, por lo tanto, que haya una congruencia entre lo que escuchó, entre los argumentos y elementos que están en el expediente y lo que finalmente vota o resuelve en una sentencia”, planteó Vargas Valdez.
Por su parte, el magistrado De la Mata Pizaña, señaló que la noción de gobierno abierto y de justicia abierta representan un paso que va más allá de lo que es la transparencia, ya que representa lo que sería la “casa ciudadana de cristal”, en la que todos los ciudadanos se puedan sentir cómodos, a la que puedan entrar y sentirse bien atendidos por las instituciones electorales, así como por todas las instituciones de gobierno y de justicia, a fin de que puedan supervisar, escudriñar y analizar los procedimientos que en ellas se realizan, amén de que estos sean amigables.
Al participar en el Foro, subrayó que, al hacer una evaluación sobre los avances alcanzado, pareciera que la transparencia ya no es suficiente para los ciudadanos, ya que dicha transparencia fue el comienzo, fue el principio de esta temática, pero la verdad es que ahora “ya tenemos que dar un paso más”.
“Este tema justamente implica que todos nos pongamos justo bajo este nuevo paradigma. Cuando hablamos de justicia abierta no estamos hablando sólo de transparencia, estamos hablando de un verdadero compromiso ciudadano donde la ciudadanía se sienta cómoda con nuestra actuación, que le entienda, la perciba, la analice, la critique y, por supuesto, las instituciones mejoren en la medida en la cual la crítica ciudadana sea constante y eficiente”, aseveró De la Mata Pizaña.
En el Foro participaron Blanca Lilia Ibarra, Comisionada del Instituto de Nacional Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inai); Betsabé Dulcinea Apodaca Ruiz, magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur; Conrado Mendoza Márquez, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del estado de Baja California Sur; y Lucía Frausto Guerrero, directora general de Cómo Vamos La Paz.