*Urgente que el Senado procese el arraigo
Los legisladores de la Cámara de Diputados aprobamos el 26 de abril el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales que elimina la figura de arraigo de la Constitución Política Mexicana, el cual sumó 16 iniciativas de diversos partidos políticos. Por ello, ahora toca al Senado comprometerse con el respeto pleno a los derechos humanos.
Consideramos urgente que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoque al Senado para que apruebe la minuta sobre la derogación de la figura de arraigo, por ser una figura que simboliza el abuso de autoridad, la arbitrariedad del Estado y un atentado contra los derechos humanos.
El arraigo constituye una decisión discrecional del Ministerio Público, ya que para su aplicación éste no cuenta con ningún parámetro para solicitarlo a la autoridad judicial, y además el juez tampoco cuenta con elementos objetivos para otorgarlo, puesto que no se requiere documentar ninguna acusación.
Este consiste en la detención de sospechosos hasta por 40 días sin que se formulen acusaciones penales ni acceso a un abogado; incluso puede extenderse la privación de la libertad por 80 días.
Recordemos que en 2014 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el arraigo a nivel estatal; sin embargo, reafirmó su uso en la jurisdicción de autoridades federales por considerarlo una herramienta contra el crimen organizado, lo cual significó un grave retroceso a las libertades básicas de las personas.
No podemos permitir que existan principios tan importantes como la presunción de inocencia, progresividad de derechos y aplicación de normas que en mayor medida beneficien a las personas y, por el otro, contemplen figuras que violan sistemáticamente los derechos, como es el caso del arraigo.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se reportaron 405 quejas por violaciones a los derechos humanos relacionados con el arraigo de 2008 a 2011, y que según la SCJN se reportaron 14 arraigos con competencia en toda la República y residencia en la Ciudad de México, de noviembre de 2016 al mismo mes de 2017.