*Basta de detenciones ilegales en México
Presenté un punto de acuerdo para que las autoridades garanticen que las detenciones se realicen conforme a derecho y en apego irrestricto a los derechos humanos.
Proponemos qué el Estado mexicano atienda y resuelva las detenciones arbitrarias, para lograr una efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción a los responsables de violaciones de derechos humanos.
El documento indica que los actos de tortura y malos tratos contra personas detenidas suelen tener el objetivo de castigar y de extraer confesiones o información incriminatoria. Mientras que, en el caso de detención de mujeres, estas se dan con manifestaciones de violencia de género, y la violencia sexual como forma de tortura.
Otro grupo especialmente afectado por la tortura es el de los pueblos indígenas, específicamente sus líderes y policías comunitarios.
En la exposición de motivos destaco que la criminalización de las y los defensores de derechos humanos constituye un fenómeno de carácter sistemático, regional y creciente en América Latina.
En el caso de México, ha sido reconocida la existencia de un patrón de detenciones arbitrarias de personas defensoras particularmente preocupante. Mediante el uso indebido del derecho penal, la detención arbitraria obstaculiza la legítima labor de defensa, protección y promoción de derechos humanos de las personas defensoras.
Por ello, la práctica de las detenciones ilegales en México constituye una seria situación violatoria de los derechos humanos, por su carácter sistemático. Las denuncias sobre este tipo de abusos son comunes en México, e involucran directamente a agentes de las distintas policías del país.
Estudios señalan que 2017 fue el año con más detenciones arbitrarias documentadas en 16 años, con 877 casos. Menciona que, hasta el 31 de mayo de 2018, 348 personas defensoras de derechos humanos estaban privadas de libertad por motivos políticos. La cifra incluye a personas detenidas desde 1997, que llevan ya hasta 21 años en prisión.
La detención arbitraria es utilizada como un mecanismo inmediato para impedir el ejercicio del derecho humano a la protesta y dispersar ejercicios de denuncia política.