A través de la reforma del artículo 363 del Código Penal Vigente, se busca castigar a quien dañe, altere, destruya, impida o entorpezca ilícitamente la provisión de servicios públicos.
La condena iría de los cinco a 15 años de prisión, así como la suspensión de derechos políticos de uno y hasta siete años, a quien de manera dolosa, atente contra la infraestructura hídrica.
La presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua en la ALDF, Wendy González Urrutia, dijo que se busca inhibir a grupos radicales que tienen la intención de trastornar la vida social, económica y política de la capital, generando encono y crispación social.
“El sabotaje incluye conductas que buscan dañar o destruir centros de producción o distribución de servicios básicos o instalaciones de servicios públicos, así como entorpecer ilícitamente la distribución de servicios públicos”.
Esta iniciativa tiene por objeto, evitar que se repitan hechos vandálicos como los registrados durante la primera semana de marzo del año en curso en donde por lo menos 50 puntos de Venustiano Carranza, Azcapotzalco, Coyoacán, Iztacalco, Benito Juárez e Iztapalapa, fueron atacados con el cierre de válvulas, que surten de agua a miles de habitantes en esta gran ciudad.
Se trata de castigar los ataques a la infraestructura hídrica, con hechos tan lacerantes que se acercan a un “terrorismo hídrico”, por la escasez del vital líquido, que de por sí, ya se vive.
Es urgente prevenir la posibilidad, de poner en riesgo la seguridad de la población capitalina por posibles ataques a las fuentes de abastecimiento de agua u otros actos dirigidos contra nuestras instalaciones estratégicas.
Estamos hablando de un derecho humano reconocido en tratados internacionales, en nuestra carta fundacional y en nuestra constitución local.
Por lo cual en esta iniciativa, se reconoce al agua como un asunto de seguridad nacional, por lo cual es urgente la aprobación de este mandato.
“No se debe tolerar, el sabotaje para crear el caos social, con fines políticos, ni económicos”, detalla el documento presentado hoy ante el Pleno.
Ante estos ataques, debemos ser firmes, de lo contrario los ataques a la red hidráulica, podrían volverse una práctica común en grupos que se benefician, creando encono y rencor social, con fines de lucro político.
“Ya basta de jugar con las necesidades elementales de nuestras familias, ya basta de vulnerar la dignidad humana, con fines electorales”.