A efecto de que la Secretaría de Economía garantice la entrega de los recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios, la diputada federal Fabiola Loya, presentó en la Comisión Permanente una proposición en la que se insta a la dependencia federal cumplir con lo establecido en Ley Federal de Derechos.
La vicecoordinadora de los diptuados ciudadanos señaló que desde la implementación de la Reforma Fiscal en 2013, se creó el derecho especial, el adicional y el extraordinario sobre minería, lo que permitió establecer la integración del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios mineros integrándose con el 80% de la recaudación total del pago de estos derechos.
“Asimismo, el artículo 275 de esta Ley permitía que los recursos del Fondo se distribuyeran a las Entidades Federativas y Municipios para el desarrollo de infraestructura social, ambiental, de desarrollo urbano en las zonas de extracción minera, siendo la Secretaria de Economía la encargada de realizar los cálculos para distribuir los recursos del Fondo con base a la producción total nacional y al porcentaje del valor de la actividad minera del municipio o demarcación”, explicó Loya Hernández.
Sin embargo, la Secretaría de Economía anunció en febrero pasado, que los recursos del Fondo para el Desarrollo Sustentable para Estados y Municipios Mineros, además de ser administrado por el Gobierno Federal, sería la fuente de Financiamiento del Programa Tandas para el Bienestar, lo cual viola a la Ley Federal de Derechos.
Por lo anterior, la vicecoordinadora presentó el exhoro a la Comisión Permanente, con el fin de exhortar a la Secretaría a cumplir con lo establecido en la Ley para ejercer el presupuesto asignado a proyectos de infraestructura social.
“No podemos permitir que la Secretaría de Economía, eluda lo establecido en la ley y pretenda destinar a otros rubros los recursos del Fondo Minero, cuando en la ley está claramente señalado que deben utilizarse obras de infraestructura social que tengan como objetivo mejorar la calidad de vida de quienes habitan los estados y municipios con actividad minera”, enfatizó la diputada ciudadana.
Por último, precisó que de no acatar lo establecido en la ley, se verían afectados más de 225 municipios del país, de los cuales 17 corresponden al estado de Jalisco, estado al que pertenece el distrito que representa en la Cámara de Diputados.