La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 173VG/2024 a la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Tamaulipas (SSP) por violaciones graves a los derechos humanos, con motivo de hechos acaecidos el 5 de septiembre de 2019.
Cuando policías adscritos al Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas (CAIET), en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ingresaron —en diferentes momentos y sin contar con un mandamiento escrito de autoridad competente— a tres domicilios, de los cuales sustrajeron a varias personas, vulnerando además la integridad física y psicológica de los habitantes de los domicilios.
Con estas acciones, se transgredió el derecho a la seguridad jurídica y a la legalidad, inviolabilidad del domicilio y a la intimidad de 17 víctimas; el uso ilegítimo de la fuerza y de armas de fuego que vulneró su derecho humano a la integridad y seguridad personal; así como el derecho a la protección de la vida de ocho de ellas. De igual forma, se constató la vulneración al derecho a la integridad personal y trato digno, por actos de tortura, en agravio de tres personas, atribuibles a policías del CAIET.
Ante estos hechos, la CNDH recomendó a la Secretaría de Seguridad Pública de esa entidad proceder a reparación integral del daño causado a las víctimas directas e indirectas de estos hechos y otorgarles —, a quienes en su caso lo requieran— atención médica, psicológica y/o tanatológica, además de proveerles gratuitamente los medicamentos e instrumentos convenientes a su situación individual; colaborar en el seguimiento de la denuncia que se presente ante la Fiscalía General del Estado en contra de las autoridades responsables de los actos de tortura de los que fueron objeto tres de las víctimas; exhortar a las personas servidoras públicas del CAIET a que se conduzcan con apego a la normatividad; solicitar que se sometan a actividades de formación especializada en derechos humanos y designar a una persona para dar seguimiento al cumplimiento de la Recomendación.
La Recomendación emitida por la CNDH tiene como propósito fundamental lograr que las personas servidoras públicas, encargadas de las tareas de seguridad en el país, respeten los derechos humanos de la población, reconocidos en la Constitución Política y los tratados internacionales en la materia, durante el desempeño de sus actividades.
Prevenir la comisión de actos de tortura para contribuir con la erradicación de estas prácticas que durante décadas fueron utilizadas de forma sistemática por agentes del Estado para la coerción y obtención de declaraciones de culpabilidad, principalmente durante los períodos de violencia política.
Además de contribuir al esclarecimiento de los hechos y el deslinde de responsabilidades ante las instancias competentes, a fin de consolidar una cultura de paz en el Estado mexicano. Mediante el cumplimiento de estos puntos recomendatorios, las autoridades señaladas garantizan la formación de su personal en materia de derechos humanos y en la correcta aplicación de sus protocolos de actuación y uso de la fuerza para prevenir que actos como los señalados anteriormente se repitan.