La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma los artículos 92 y 93 de la Ley Nacional de Ejecución Penal para fomentar la cultura del trabajo digno en los centros penitenciarios y que se dé paso a eliminar la desigualdad social.
El dictamen avalado en lo general y en lo particular por 414 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra, establece que la persona privada de su libertad podrá solicitar su participación en un programa laboral. En materia de administración de los salarios obtenidos por la labor realizada, el interno será notificado mensualmente de su estado de cuenta y tendrá derecho de asignar a una persona para entregarle un porcentaje de estas ganancias o salarios acumulados.
En su fundamentación, la diputada María del Pilar Ortega Martínez (PAN), dijo que es necesario garantizar los derechos humanos, el trabajo, la educación, el deporte y la salud como medio de reinserción social de los sentenciados y procurar que no vuelvan a delinquir. Se tiene que reconocer que el sistema penitenciario del país vive una gran crisis, acotó.
El diputado Santiago González Soto (PT) promovente de este dictamen, señaló que los centros penitenciarios no ofrecen las mínimas prestaciones de ley y de seguridad social a los internos; el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que para el cierre del 2016 se encontraban en estos centros 188 mil 262 personas, 95 por ciento hombres y el 5 por ciento mujeres.
El estatus jurídico refería que 35 por ciento de este sector no tenía sentencia y el grupo mayormente afectado fue el de las mujeres. 111 mil internos mujeres y hombres han practicado una actividad productiva, pero la falta de un proceso efectivo provocó que sus familiares fueran los que subsidiaran completamente su estadía. Se tiene que buscar una legislación que fortalezca al sistema penitenciario, agregó.
El documento fue remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales.