Por unanimidad, el Pleno del Senado de la República aprobó el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para garantizar una mayor transparencia e información al paciente con respecto de los servicios médicos que adquiere.
Con este dictamen, aprobado en lo general y en lo particular con 85 votos, se obliga a los prestadores de servicios de salud a proporcionar a los pacientes, por medios electrónicos o impresos, el detalle de precios y servicios aplicados como anexo a la factura respectiva.
Los prestadores de servicios de salud de carácter público y privado, incluyendo el servicio personal independiente y los servicios auxiliares de diagnóstico, deberán publicar los precios de sus servicios vigentes en el punto de ingreso del paciente y, en su caso, en los medios informativos.
Además, se exige otorgar a los pacientes toda la información necesaria para una mejor toma de decisiones con respecto a su salud; no sólo con respecto de la información sobre la eficacia y riesgo de los tratamientos, sino de los procedimientos en específico que conlleva cada tratamiento, monto aproximado sobre los precios y la existencia de terapias sustitutas.
Con las modificaciones, también se pretende contar con un sistema de indicadores de calidad para el Sistema Nacional de Salud, establecido por la Secretaría de Salud.
Con respecto a la atención médica, los prestadores de servicios de salud podrán apoyarse en las Guías de Práctica Clínica y protocolos que deberán actualizarse de manera permanente, así como en las Tecnologías de Información y Comunicación.
El presidente de la Comisión de Salud, Américo Villarreal Anaya, señaló que la privatización de la salud no debe ser una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios.
Por ello, subrayó el legislador, es necesario contar con una regulación que garantice el acceso a los servicios médicos, sin que las y los ciudadanos sean víctimas de costos excesivos.
La propuesta, detalló, busca disminuir el “gasto de bolsillo” que realizan las mexicanas y mexicanos, a través del fortalecimiento de las disposiciones legales establecidas, es decir, evitar situaciones de lucro considerables.
La senadora Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, advirtió sobre el incremento en los costos en materia de salud como consecuencia del uso de los servicios médicos privados, cuando debe ser el Instituto de Salud para el Bienestar el que debe ofrecer y garantizar, de manera gratuita, la atención a los ciudadanos que acuden a recibir estos beneficios.
En su participación, la senadora del PVEM, Gabriela Benavides Cobos, señaló que es trascendente este dictamen, porque plantea mayor transparencia en los servicios médicos públicos y privados, porque estarán obligados a exhibir sus costos, con lo que se evitarán excesos. Sin duda representa un avance para mejorar el sistema de salud.
Por su parte, el senador Germán Martínez Cázares, del Grupo Plural, reconoció que con esta reforma, los servicios médicos y privados deberán publicitar los precios para que la salud no sea una mercancía, sino un derecho.
El dictamen con proyecto de decreto fue remitido a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.