Acusan en el Senado

El senador Erandi Bermúdez Méndez exigió a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar “Benito Juárez”, aclaren las irregularidades en los pagos a jóvenes estudiantes de todo el país.

El legislador expuso su preocupación por la opacidad y la falta de rendición de cuentas en dicho programa en dos cartas dirigidas a Abraham Vázquez Piceno, coordinador nacional del Programa de Becas para el Bienestar “Benito Juárez” y a Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación Pública, respectivamente.

Asimismo, el coordinador en funciones de la bancada panista en el Senado de la República, inscribió un punto de acuerdo para exhortar a ambas dependencias a que rindan un informe detallado de las y los beneficiarios del programa de becas, así como el estatus de los pagos faltantes.

Esta exigencia se da luego de que en octubre del 2020 el legislador denunciara públicamente el robo de becas “Benito Juárez” a aproximadamente 150 estudiantes de bachillerato en Pénjamo, Guanajuato.

Bermúdez Méndez informó que desde entonces ha recibido mensajes de más estudiantes no sólo de Guanajuato, sino de otras entidades del país, externando que han sido víctimas del mismo fraude.

En la exposición de motivos, el legislador guanajuatense reveló que los problemas en esos programas sociales han sido debido a la opacidad, falta de reglas de operación y corrupción en las dependencias responsables.

En ese sentido, recordó el informe que emitió la Auditoría Superior de la Federación el mes de febrero en el que se detectaron irregularidades por falta de documentación que justificara los pagos durante la transición de las ayudas de Prospera a las becas educativas “Benito Juárez”.

Las Becas para el Bienestar Benito Juárez, uno de los programas estrella del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, presenta irregularidades en pagos por 263 millones 695 mil pesos según la Auditoría Superior de la Federación, que hizo público su informe sobre el gasto público del año 2019, comentó.

“Es criminal el otorgar o reservarse recursos públicos sin ningún tipo de transparencia, control ni regularización y en total opacidad. Pero más grave aún, el daño que se les está haciendo a las y los beneficiarios y sus familias”, concluyó Bermúdez Méndez.

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