Acusan en el Senado
La senadora panista Bertha Xóchitl Gálvez Ruíz afirmó que Manuel Bartlett Díaz, Director General de la Comisión Federal de Electricidad, es el más claro ejemplo de las incongruencias del actual gobierno y dijo que esto es una muestra muy nítida de que para la actual Administración Pública Federal, la vara para medir conflicto de interés y corrupción es relativa y se usa a conveniencia.
Y lo expresó desde la tribuna parlamentaria durante la sesión pública ordinaria del pasado martes uno de octubre de este 2019.
Aquí sus palabras textuales: “Este gobierno, y en particular el titular del Ejecutivo condenó a Guillermo García Alcocer, ex Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía, porque supuestamente dos parientes de su esposa trabajan en empresas del sector energético, pero defiende al Director General de la CFE quien omitió declarar bienes y negocios millonarios propiedad de su pareja sentimental por 20 años.
Bueno, Bartlett mismo negó a su pareja, eso es de suponer que más de 800 millones de pesos lo justificaba. Claro, luego recapacitó, vaya uno a saber qué haya pasado porque al día siguiente reconoció por Twitter su afortunado vínculo con su pareja.
Además, para mayor descaro acusó a sus críticos de misoginia, cuando fue vergonzosa la forma de que Manuel Bartlett, se había deslindado de Julia Abdalá.
Esta historia sería un intrigante y exitoso guion para una serie, pero es un escándalo de un integrante del gabinete del gobierno, uno en el cual el presidente tiene en el combate a la corrupción su principal bandera.
Si algo bueno hemos aprendido del caso es que a pesar de los avances en el fortalecimiento de la transparencia y el combate a la corrupción gubernamental quedan resquicios en el seguimiento y la evolución patrimonial y declaración de intereses de los mandos medios y altos de la administración pública, por lo que algunos han intentado ocultar o manipular información.
Es necesario cerrar todos los resquicios y fortalecer el sistema de las declaraciones patrimoniales y de intereses, así como los mecanismos de supervisión, fiscalización y omisión al respecto.
Por ello, planteo la presente iniciativa con reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas que amplíen y clarifiquen sus alcances y fortalezcan las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública y al Código Penal Federal para que se tipifique como delito la falta de veracidad en dichas declaraciones.
En esta iniciativa se especifica con mayor claridad quiénes son las personas que pueden generar conflicto de interés, incluyendo a los cónyuges, concubina o concubinario, relaciones de pareja, en donde no existe concubina ni concubinario ni cónyuge, hijos, hijas y relaciones de socios y profesionales, incluso podría ser relaciones de amistad.
Aclaro, tener conflictos de interés no es un delito, lo que sí se vuelve grave es no declararlos.
Se refuerza la facultad de la Secretaría de la Función Pública para llevar a cabo revisiones de las declaraciones patrimoniales para ver si hay consistencia y congruencia entre las declaraciones y detectar incremento del patrimonio injustificable.
Asimismo, se obliga al servidor público a aportar o adjuntar la declaración del Impuesto sobre la Renta a la declaración patrimonial, hoy es opcional y prácticamente ningún funcionario lo hace.
También se amplía el catálogo de las personas cuyo patrimonio, el servidor público, tiene que declarar cualquier incremento del patrimonio, incluyendo concubinas, concubinarios, convivientes, pareja sentimental, hijos, hijas, familiares, hasta el segundo grado o por consanguinidad o afinidad.
Por último, se incluye un tipo penal del ejercicio ilícito del servicio público que implica un supuesto normativo sobre la falta de veracidad en las declaraciones patrimonial y de intereses o cuando se oculte el incremento patrimonial tanto del servidor público como de las personas que están señaladas en las declaraciones.
Así ya no habrá posibilidad de maniobras ni enredos de parentesco, afinidad y consanguinidad para encubrir bienes de origen oscuro o conflictos de interés.
Así se evitará que tengamos ante omisiones en declaraciones patrimoniales y conflicto de interés un “chu chu chu” como respuesta”.
01/10/2019