Senadores perredistas proponen sancionar el robo de tanques con oxígeno medicinal y vacunas que sean propiedad de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud o que sean destinadas a acciones extraordinarias de vacunación.
La iniciativa presentada por el legislador Miguel Ángel Mancera Espinosa plantea establecer una pena de tres a 10 años de prisión y una multa de 26 mil 556 a 268 mil 860 pesos, a quien cometa dichos delitos. En el caso de que sea una persona servidora pública quien cometa el delito, la pena se elevaría hasta 15 años de prisión.
“Hasta hoy si se tuviera que actuar, tendríamos que hacerlo simplemente con los tipos penales de robo y tomar en cuenta el valor de cada uno de estos medicamentos o el valor de un tanque de oxígeno, lo cual no marca la dimensión del daño social que se causa cuando se sustraen los mismos. Por eso es que, además del robo de vacunas estamos hablando de los insumos que son esenciales para afrontar la pandemia como los tanques de oxígeno medicinal”, indicó Miguel Ángel Mancera.
La iniciativa contempla adicionar diversas disposiciones al Artículo 462 Bis 1. de la Ley General de Salud, en las que se establece que las sanciones serían aplicadas a quien se apodere de forma indebida de una o más vacunas que sean propiedad del Sistema Nacional de Salud o estén destinadas a acciones ordinarias o extraordinarias de vacunación.
“Y al que se apodere de forma indebida de algún medicamento o de alguna ayuda funcional considerada como tal dentro de los insumos para la salud previstos en el Artículo 194 Bis de la presente ley”, precisa.
La Agencia Europea de Medicamentos alertó sobre una violación a la seguridad de la información referente a la vacuna de Pfizer-BioNTech. También, la Interpol ha advertido sobre un posible aumento dramático en los robos y otros crímenes relacionados con la vacuna.
El 18 de enero de este año la Delegación del ISSSTE en Morelos confirmó que mantiene abierta una investigación por el presunto robo de cuatro vacunas contra COVID-19 en el Hospital General “Doctor Carlos Calero Elorduy”. Por estos hechos la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a 13 trabajadores.