El senador Gustavo Madero Muñoz advirtió que el nivel de endeudamiento de algunas entidades federativas aumenta el riesgo de “que caigan” en una crisis que impacte negativamente en su desarrollo económico.

Sólo en 14 estados, refirió el presidente de la Comisión de Economía, la deuda pública es sostenible y en el resto este indicador se ubica en un nivel medio o alto que ocasiona inestabilidad de las finanzas públicas, afecta la acumulación de capital, presiona las tasas de interés y desincentiva la inversión de la región.

Alertó que el alto endeudamiento, al conjuntarse con obstáculos difíciles de superar como desastres naturales o la pandemia que hoy vivimos, impide dinamizar la economía por la falta de recursos para impulsar el crecimiento.

“Lamentablemente, la corrupción y la discrecionalidad han sido una constante en las administraciones estatales y esto ha provocado un endeudamiento difícil de manejar por haciendas públicas deprimidas”, expresó en entrevista.

Como en el caso de las administraciones de Javier Duarte, en Veracruz y de César Duarte, en Chihuahua, que comprometieron el desarrollo educativo de la niñez, la salud de sus habitantes y la comunicación de sus comunidades por falta de carreteras asfaltadas, por un manejo inadecuado de este factor, ejemplificó.

Según el Sistema de Alertas sobre esta materia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al cierre del cuarto trimestre de 2019, el monto total de la deuda de las entidades federativas se ubicó en 576 mil 203 millones de pesos.

El legislador agregó que la deuda de los estados equivale al 57 por ciento de los Ingresos de Libre Disposición, que en total ascienden a 996 mil 881 millones de pesos.

Madero Muñoz destacó que esta situación provoca la disminución del ahorro público por hacer frente al pago de los compromisos y en el largo plazo una reducción del gasto o un incremento del ingreso, mediante impuestos y derechos, “que se traduciría en una distorsión del crecimiento económico”.

Con ello, las entidades también corren el riesgo de perder acceso a mayor nivel de financiamiento, pues la deuda es una herramienta que utilizan los gobiernos para repartir sus costos a lo largo del tiempo y se utiliza para el ejercicio de la política fiscal y el financiamiento de inversión pública.

Explicó que el indicador de Deuda Pública respecto de los Ingresos de Libre Disposición es sostenible sólo en Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco y Yucatán.  Tlaxcala, explicó, “no es objeto de medición del Sistema de Alertas”.

Ante esta situación y los efectos económicos del Covid-19, asentó, es de vital importancia que el Gobierno federal ponga en marcha un verdadero plan de reactivación económica, que contemple la inyección de recursos al sector salud, mayores transferencias y mejor coordinación con las entidades federativas, a fin de evitar una presión en el sistema de salud y atender al mayor número de personas que requieran hospitalización.

La coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, acotó, podría fortalecer la toma de decisiones en la actual emergencia sanitaria. Iniciativas como la Ley de Emergencia Económica o la renta básica universal, son propuestas que fortalecerían un verdadero plan que mantenga el empleo, ayude a las MIPYMES y fortalezca el ingreso de las familias.

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